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Tribunal Supremo

Televisión en concurso: La revocación de la licencia es un acto administrativo, no una ejecución singular, por lo que el juez del concurso no es competente 

Sentencia 1/2018 del Tribunal Supremo, Sala de Conflictos de Jurisdicción, de 15 de marzo de 2018. Ponente: Rafael Toledano Cantero

Televisión Popular de Guadalajara, S.A.U. realizó una comunicación del art. 5 bis de la Ley Concursal. El juzgado competente requirió entonces a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para que se abstuviera de continuar con el expediente de revocación de la licencia de televisión digital terrestre de ámbito autonómico por ser un bien necesario. Posteriormente, la sociedad solicitó el concurso.

El litigio se centra en determinar qué órgano (si el juez del concurso o la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha) es competente para conocer de la posible revocación de la licencia de la sociedad en concurso.

La Sala de Conflictos del Tribunal Supremo considera que la rvocación de la licencia, en tanto ésta es un contrato administrativo (ex art. 67 de la Ley Concursal), debe analizarse por la Junta. No resulta de aplicación la legislación concursal sino la Ley de Contratos del Sector Público, porque no se trata de una ejecución singular que deba analizarse bajo el prisma de la protección de la masa activa, sino que lo que se protege es la garantía de prestación del servicio en aras del interés general. Por eso, el juez del concurso no está legitimado para requerir a la Junta que se abstenga de la revocación de la licencia.

Daciones en pago hechas tras una solicitud del artículo 5 bis de la Ley Concursal: No son perjudiciales para la masa porque no hay trato desigual y el crédito cancelado es muy superior al valor de lo entregado.

Sentencias 115/2018, 116/2018, 117/2018, 125/2018, 126/2018 y 127/2018 del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 6 y 7 de marzo de 2018.

Cada una de estas sentencias se enmarca dentro de la misma sucesión de hechos.

La concursada Obras, Caminos y Asfaltos, S.A., tras presentar una solicitud de las previstas en el artículo 5 bis de la Ley Concursal en la que reconoce encontrarse en estado de insolvencia, realiza una serie de daciones en pago del uso de unas plazas de garaje. La Agencia Estatal de la Administración Tributaria solicita su rescisión a la administración concursal y, ante la inactividad de ésta, interpone, como legitimada subsidiariamente, varios incidentes concursales solicitando la rescisión de dichas cesiones por entenderlas perjudiciales para la masa activa al vulnerar la par conditio creditorum.

La Audiencia Provincial de Orense confirmó que, mediando insolvencia, se había vulnerado la par conditio a favor de algunos de los acreedores. No obstante, el Tribunal Supremo en casación entiende que:

  • Existe ya jurisprudencia consolidada que concibe el perjuicio para la masa activa como un sacrificio patrimonial injustificado.

  • "Aunque el perjuicio guarda relación con el principio de la paridad de trato" no cabe "equiparar el perjuicio para la masa activa con la alteración de la par conditio creditorum".
  • Para que exista perjuicio para la masa ha de darse una "aminoración del valor del activo sobre el que más tarde, una vez declarado el concurso, se constituirá la masa activa (art. 76 LC ), y, además, debe carecer de justificación".

La Sala reconoce que el momento en el que se realizan las cesiones (tras la comunicación del artículo 5 bis de la Ley Concursal y tres meses antes del concurso) hubiera podido ser muy relevante si el importe de los créditos fuera equivalente o inferior al valor de los derechos cedidos y si hubieran concurrido circunstancias excepcionales respecto de la naturaleza del crédito o la condición de su acreedor, que hubieran determinado la naturaleza injustificada de la diferencia de trato. Sin embargo, aquí, las cesiones en pago se realizaron a favor de multitud de acreedores y, en todas ellas, el acreedor cesionario recibía en pago de sus créditos unos derechos que valían menos de la mitad del importe de dichos créditos. Por tanto, no se aprecian circunstancias excepcionales respecto de la naturaleza de los créditos o la condición del acreedor. Es más, consta que hubo un ofrecimiento por parte de la deudora a una generalidad de acreedores, de modo que no se trató de una operación aislada que buscara dar un trato preferente a un acreedor concreto. Bajo estas condiciones, considera el Tribunal Supremo "es difícil apreciar la concurrencia del sacrificio patrimonial injustificado" en la medida en que éste no puede "quedar reducido a que unos créditos fueran pagados en detrimento de aquellos otros que no se beneficiaron de la cesión de pagos".

Adquisición de una unidad productiva en fase de liquidación: Hay sucesión de empresa, sin que sea posible limitarla a los trabajadores con los que se queda el adquirente

Sentencia 209/2018 del Tribunal Supremo, Sala Cuarta de lo Social, de 27 de febrero de 2018. Ponente: María Luisa Segoviano Astaburuaga.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo analiza los efectos, de cara a responsabilidades laborales, de la adquisición de una unidad productiva autónoma empresarial en el seno del concurso y cuestiona la relevancia de que el juez del concurso haga constar en el auto de adjudicación que no existe sucesión de empresa.

En primer lugar, la Sala establece que la competencia para decidir si existe o no sucesión de empresa, aun tratándose de la adjudicación de una unidad productiva en el seno de un concurso, corresponde al orden jurisdiccional social. El pronunciamiento del Juzgado de lo Mercantil únicamente tiene un carácter prejudicial, en los términos establecidos en el artículo 9 de la Ley Concursal.

En segundo lugar, aprecia la existencia de una sucesión de empresa porque el adquirente se ha hecho cargo de una unidad productiva autónoma.

En tercer lugar, indica la Sala que, cuando la adquisición de una unidad productiva tiene lugar en virtud de la adjudicación que hace el juez del concurso en la fase de liquidación, nos encontramos ante el fenómeno de la sucesión de empresas regulado en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores. Respecto a la aparente contradicción entre el artículo 148.1 de la Ley Concursal, que en su apartado 1 no hace referencia a esta sucesión, y el artículo 149.4 de la Ley Concursal, que sí lo contempla expresamente, la clave entiende que se encuentra en el artículo 148.4 de la Ley Concursal. El artículo 148.4 de la Ley Concursal contiene una exigencia de cumplimiento de los requisitos de la modificación de condiciones una vez declarado el concurso, que trata de evitar que todos los trabajadores de la empleadora, con las condiciones que tenían, pasen a la adjudicataria con todos sus derechos. Si la adquisición de una unidad productiva en el seno del concurso no supusiera que existe sucesión de empresa, este cuarto apartado sería superfluo. Además, el Tribunal Supremo apela también al preámbulo de la Ley 38/2011, que reforma la Ley Concursal.

Finalmente, la Sala indica que aunque el adquirente sólo se hubiera subrogado en los contratos de 28 trabajadores, entre los que no estaba la trabajadora recurrente, debe asumir el coste de su despido, porque el artículo 44.3 del Estatuto de los Trabajadores y la doctrina del Tribunal Supremo establecen que, tanto el cedente como el cesionario, responden solidariamente, durante tres años, de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión.

La conclusión es que la empresa adjudicataria es responsable, conjunta y solidariamente con la empleadora, del despido de la trabajadora recurrente declarado improcedente.

Audiencias Provinciales

Concurso de una asociación deportiva: Subordinación del crédito de una sociedad constituida por los miembros de la asociación para darle liquidez.

Sentencia 44/2018 de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 1ª, de 1 de febrero de 2018. Ponente: Manuel Almenar Belenguer.

La asociación Real Club Náutico de Vigo (la "Asociación") constituyó, años antes de su entrada en concurso, una sociedad instrumental, el Real Club Náutico de Vigo, S.A. (la "Sociedad Instrumental"), orientada a proporcionarle liquidez. El 70% del capital social de la Sociedad instrumental era de los miembros de la Asociación. Además, los estatutos sociales de la Sociedad Instrumental decían que únicamente podían ser administradores los miembros de la junta directiva de la Asociación.

Después de declararse el concurso de la Asociación, la administración concursal incluye en la lista de acreedores un crédito a favor de la Sociedad Instrumental calificándolo como subordinado, al considerar a la Sociedad Instrumental como una persona jurídica especialmente relacionada con la concursada.

El Juzgado de lo Mercantil apoyó la postura de la administración concursal. Consideró que era aplicable a la Asociación el artículo 93.2.1º in fine de la Ley Concursal y que la Sociedad Instrumental era persona especialmente relacionada por los apartados 4º y 6º del art. 93.1, al estar controlada por los miembros de la junta directiva de la Asociación.

En apelación, la Audiencia Provincial de Pontevedra confirma este mismo criterio. Existe control en el sentido del artículo 42.1 del Código de Comercio ya que:

  • En la fecha de constitución de la Sociedad Instrumental, el 70% de sus accionistas eran socios de la Asociación;
  • Para poder ser administrador de la Sociedad Instrumental era necesario ser miembro con cargo vigente de la junta directiva de la Asociación; e
    inicialmente, solo podían ser accionistas de la Sociedad Instrumental los socios de la Asociación, pudiendo el órgano de administración negarse a la transmisión inter vivos de sus acciones si el adquirente no reunía estas condiciones.

Convenio con quita: El acreedor que vota a favor no pierde la fianza de tercero si en la propia fianza se pactó su subsistencia para ese caso concreto

Sentencia 6/2018 de la Audiencia Provincial de Segovia, de 22 de enero de 2018. Ponente: Jesús Marina Reig.

Los fiadores del concursado recurren la sentencia que les condenaba a pagar el total importe garantizado pese a que el obligado principal, una sociedad concursada, había aprobado un convenio que incluía quitas. Consideraban que no se había aplicado el artículo 1826 del Código Civil, que impide al fiador quedar obligado por más importe que el deudor principal.

La Audiencia Provincial de Segovia desestima el recurso. Confirma que la póliza de crédito garantizada incluía una cláusula expresa sobre el particular que indicaba lo siguiente "De conformidad a lo previsto en el apartado 2 del art. 135 de la Ley Concursal, para el caso de declaración de concurso, las partes convienen de forma expresa que, en el supuesto de que el banco votare favorablemente el correspondiente convenio, no quedará vinculado por este en cuanto a la subsistencia plena de sus derecho frente al resto de acreditados y/o fiadores, quienes no podrán invocar ni la aprobación ni los efectos del convenio en perjuicio del Banco". Habiendo una previsión expresa pactada entre las partes hay que estar a la misma, conforme a lo que dispone el artículo 135.2 de la Ley Concursal que debe considerarse ley especial y posterior frente al artículo 1826 del Código Civil.

Hipoteca sobre una pluralidad de fincas acogida al artículo 119 de la Ley Hipotecaria: No cabe que la administración concursal distribuya la deuda entre las fincas de cara a su adjudicación en subasta al acreedor privilegiado

Sentencia 19/2018 de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección 4ª, de 11 de enero de 2018. Ponente: Rafael Fuentes Devesa.

Una sociedad limitada era titular, por subrogación, de un crédito frente a la sociedad concursada, garantizado mediante prenda sobre bonos de Lehman Brothers e hipoteca sobre tres fincas. En la escritura de hipoteca los límites de responsabilidad hipotecaria aparecían debidamente determinados para cada una de las tres fincas. Durante la tramitación del concurso, el acreedor privilegiado cobra parte de su deuda con cargo a los bonos y a la adquisición de una de las fincas.

Lo que se analiza en el caso es la subasta en fase de liquidación de las dos fincas restantes. En dicha subasta, sólo compareció el acreedor privilegiado realizando dos posturas que cubrían el 50% del valor de tasación de cada una de las fincas. La controversia surge a la hora de la adjudicación porque la administración concursal realiza una distribución de la deuda subsistente entre las dos fincas, de la que se deriva que la cantidad asignada a una de ellas es superior a la postura ofrecida por el acreedor privilegiado, y le reclama la diferencia (40.520,26 euros). El acreedor privilegiado, en cambio, amparándose en la indivisibilidad de la hipoteca, defiende que hay un único crédito a su favor y que tiene derecho a distribuir libremente la deuda entre las dos fincas. Consideraba, por tanto, que no tenía que consignar ninguna cantidad porque el importe de la adjudicación era, en todo caso, inferior al importe de la deuda pendiente y al límite de responsabilidad hipotecaria.

La Audiencia Provincial de Murcia da la razón al acreedor privilegiado. Entiende que en el caso la hipoteca se constituyó sobre una pluralidad de fincas de acuerdo con el artículo 119 de la Ley Hipotecaria, con determinación de la parte del gravamen del que cada finca debía responder, de modo que cada finca no garantizase más allá de la responsabilidad asignada. Esta determinación no implica división del crédito asegurado, que sigue conservando su unidad. La solución sería diferente si la hipoteca se hubiera otorgado para la seguridad de un crédito entre varias fincas con sujeción al artículo 124 de la Ley Hipotecaria porque ahí sí quiebra el principio de indivisibilidad de la hipoteca, pero no en los casos del artículo 119 de la Ley Hipotecaria.

Dado que la deuda originaria a la que se refiere el artículo 155.5 de la Ley Concursal (compuesta por principal, intereses y comisiones hasta la cobertura real) excede del importe de la mejor postura, debe proceder juzgado a adjudicar las fincas tomando en consideración la responsabilidad real fijada en la escritura y, sólo si no alcanza esa responsabilidad el importe de la postura, puede exigir al acreedor privilegiado el resto.

Hipoteca: El acreedor privilegiado sólo puede hacer suyo, en ejecución separada, el importe reconocido como privilegiado, no el total de su deuda. El resto debe reintegrarse a la masa. 

Sentencia 445/2017 de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 7ª, de 8 de noviembre de 2017. Ponente: María Filomena Ibáñez Solaz.

En el seno del concurso de una persona física, una entidad financiera solicitó la ejecución separada de una finca hipotecada a su favor. No había discrepancias sobre la calificación y el importe de los créditos reconocidos a favor de la entidad financiera en el listado de acreedores. La administración concursal reclama la devolución de la diferencia entre el importe de la adjudicación en ejecución hipotecaria y el importe reconocido como con privilegio especial.

La Audiencia Provincial de Valencia considera que, con base en los artículos 94 y 90.1.1º de la Ley Concursal, el privilegio que ostentaba la entidad financiera le permitía cobrar su deuda con cargo al bien hipotecado, pero sólo podía hacer suyo el importe en la medida en que tenía reconocido su privilegio. El resto de lo obtenido en la ejecución corresponde a la masa del concurso en la que la entidad financiera concurre con el resto de los acreedores, conforme a lo previsto en el plan de liquidación.

Juzgados de lo Mercantil

Asistencia financiera: Rescisión, por el artículo 71.6 de la Ley Concursal, del apoyo económico prestado por la sociedad a su administrador para que adquiriera sus participaciones. 

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil n° 12 de Madrid, de 20 de febrero de 2018. Ponente: Moisés Guillamón Ruiz

A finales de 2011, la administradora única de Residencia Gravina, S.L.U. ("Gravina") adquiere el 100% del capital social de Gravina. En pago del precio, entrega 60 pagarés, expedidos y firmados por la compradora en nombre de Gravina y también en su propio nombre y derecho. En virtud de estos pagarés, Gravina pagó a la entidad vendedora 153.000 euros. La sociedad es declarada en concurso de acreedores en octubre de 2014, casi tres años después.

Una vez declarado el concurso, la administración concursal ejercita una acción rescisoria no concursal, de nulidad, conforme a los artículos 71.6 de la Ley Concursal, al artículo 1300 del Código Civil y al artículo 143 de la Ley de Sociedades de Capital.

El Juzgado de lo Mercantil nº 12 de Madrid aprecia la existencia, en el caso de nulidad absoluta o ipso iure, por contravención de un precepto legal (el artículo 143 de la Ley de Sociedades de Capital), asumiendo que esa acción es imprescriptible (vid. sentencias del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2013 y 3 de noviembre de 2015). Como resultado de la declaración de nulidad, el fallo determina que la administradora única es la única obligada, en su caso, al pago del precio de la compraventa, y condena a la entidad compradora a devolver los pagarés y la parte del precio recibida de Gavina, perdiendo además cualquier crédito que ostentase en el concurso relativo a esta operación.

Hipoteca: El valor dado a la garantía conforme al artículo 94 de la Ley Concursal no limita la ejecución separada por la deuda originaria.

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil n° 3 de Barcelona, de 5 de diciembre de 2017. Ponente: Eduardo Pastor Martínez.

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria ("SAREB") era titular de hipoteca sobre siete fincas de la sociedad concursada e interpone incidente concursal tras su venta. El debate se centra en torno a la cantidad a recibir por SAREB como pago de su crédito privilegiado, esto es, si se le debía satisfacer sólo lo reconocido como crédito privilegiado en la lista de acreedores o si debía pagársele la "deuda originaria" a la que se refiere el artículo 155.5 de la Ley Concursal.

SAREB consideraba que tenía derecho a obtener todo el producto de los bienes enajenados mientras no excediera de su crédito originario, coincidente con su crédito hipotecario.

El juez del concurso le da la razón. Entiende que la "deuda originaria" no guarda una claudicante relación de identidad con el sistema de cálculo de garantías del artículo 94.5 de la Ley Concursal. La deuda originaria es la "hipotecaria". Por tanto, "cuando el producto del bien obtenido supera con creces los límites de valoración de los arts. 90.3 y 94.5 LC, no parece que tenga un concreto sentido económico privar al acreedor hipotecario de toda la extensión de su derecho de garantía real -eso que debe hacerse coincidente aquí con la noción de "deuda originaria"- con el único límite de esa misma garantía real."

Por otro lado, el magistrado acepta que, al no mencionar la Ley Concursal nada al respecto, el plan de liquidación aprobado puede condicionar el importe obtenido con la venta de los bienes hipotecados al pago de, entre otros, algunos conceptos como las cantidades adeudadas por el Impuesto de Bienes Inmuebles o los gastos de la comunidad de propietarios.

 

Si desea obtener copia de cualquiera de las sentencias mencionadas por favor solicítelas a su contacto en Ashurst.

Estas no son TODAS las sentencias en materia concursal publicadas este mes sino una selección de las que, en criterio del equipo concursal de Ashurst, se consideran más relevantes.

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