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El Tribunal de Justicia de la UE pone en duda la resistencia al concurso de las prendas de cuenta corriente en las que el titular de la cuenta puede disponer del saldo

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ("TJUE") ha dictado una sentencia de fecha 10 de noviembre de 2016 en el Asunto C 156/15 (Private Equity Insurance Group (SIA) y Swedbank AS) como respuesta a una serie de cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo de Letonia, país donde radica el banco Swedbank.

En la sentencia la sala cuarta del TJUE analiza el concepto de "garantía financiera" contenido en la Directiva 2002/47 (traspuesta a derecho español en el ya famoso Real Decreto Ley 5/2005 de 11 de noviembre, en adelante "RDL 5/2005") y su protección frente a un procedimiento de insolvencia. En concreto el TJUE hace una serie de consideraciones en relación a una prenda sobre cuenta corriente que parecen divergentes de lo que el mercado y la doctrina tenían entendido a la luz del RDL 5/2005.

En el litigio principal que da lugar a la cuestión prejudicial, SIA (en realidad su antecesora Izdevniecība Stilus) suscribe un contrato tipo de cuenta corriente bancaria con Swedbank. Este contrato tiene una cláusula de garantía financiera según la cual los fondos depositados en la cuenta corriente de SIA quedaban pignorados a favor del banco en garantía de todos los créditos que Swedbank tuviera frente a SIA. La titular de la cuenta fue declarada insolvente el 25 de octubre de 2010. El 8 de junio de 2011, Swedbank retiró 192,30 lats letones (LVL) (aproximadamente 274 euros) de la cuenta corriente en concepto de comisión de mantenimiento. Esta es la clave del litigio: el administrador concursal reclamó judicialmente a Swedbank la reintegración de dicha cantidad alegando el principio de derecho letón de insolvencia (donde estaba abierto el procedimiento) que garantiza la igualdad de trato de los acreedores en un procedimiento de insolvencia así como la prohibición de que un acreedor lleve a cabo individualmente acciones que puedan perjudicar a los demás acreedores.

Los órganos jurisdiccionales letones de primera instancia y de apelación desestimaron la demanda, basándose en que la ley letona sobre las garantías financieras (trasposición de la Directiva 2002/47) excluye dichas garantías financieras del ámbito de aplicación del derecho de insolvencia. Se interpuso entonces un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Letonia el cual plantea una serie de cuestiones prejudiciales.

En respuesta a estas el TJUE determina que "la Directiva 2002/47 debe interpretarse en el sentido de que únicamente confiere al beneficiario de una garantía financiera como la controvertida en el litigio principal, en virtud de la cual los fondos depositados en una cuenta corriente han sido pignorados a favor del banco para garantizar todos los créditos que éste tenga frente al titular de la cuenta, el derecho a ejecutar dicha garantía con independencia de que se haya o no incoado un procedimiento de insolvencia del garante si, por una parte, los fondos a los que se refiere la garantía fueron abonados en la cuenta en cuestión antes de incoarse dicho procedimiento o bien en la misma fecha de la apertura, en cuyo caso el banco debe haber demostrado que desconocía que se había incoado este procedimiento o que no podía razonablemente saberlo, y si, por otra parte, el titular de la cuenta tenía prohibido disponer de tales fondos después de su ingreso en esta misma cuenta".

Esto es, el TJUE entiende que la garantía financiera pignoraticia sólo "es resistente" a un procedimiento de insolvencia (i) si el pignorante no tiene poder de disposición y (ii) respecto del efectivo abonado en cuenta antes de la declaración de concurso (o el mismo día de la declaración si el acreedor pignoraticio la desconoce).

La clave del argumento del TJUE es que la Directiva 2002/47 exige que lo aportado en garantía "obre en poder o esté bajo el control del beneficiario o de la persona que actúe en su nombre". ¿En qué circunstancias se cumple el criterio de que la garantía "obre en poder o esté bajo el control" del beneficiario? esto no se especifica en la Directiva y opina el TJUE que "debe ser objeto, en toda la Unión, de una interpretación autónoma y uniforme" por lo que procede a interpretarlo. El TJUE relaciona este "obrar en poder" con el que el beneficiario de la garantía financiera pueda efectivamente disponer de ella si se produce un acontecimiento de ejecución. Entiende el TJUE que el "obrar en poder" está relacionado con los procedimientos de ejecución de la garantía rápidos y no formalistas que establece la Directica y que funcionan si el beneficiario puede efectivamente disponer de ella. Dicho esto, considera el TJUE que el beneficiario de una prenda de cuenta corriente NO tiene estos fondos en su "poder" o "bajo su control" en caso de que el titular de la cuenta pueda disponer libremente de ellos. Por consiguiente, sólo cabe considerar que el beneficiario de una garantía como la controvertida en el litigio principal, prestada sobre fondos depositados en una cuenta bancaria ordinaria, tiene estos fondos en su "poder" o "bajo su control" si se impide al garante disponer de ellos.

Esto es el Tribunal interpreta que solo cabe ejecutar una prenda de cuenta corriente por "apropiación" o compensación si el acreedor pignoraticio tiene la cuenta "bajo su control" lo que no se da si el pignorante tiene derecho de disposición. Si éste lo tiene limitado hasta un importe mínimo será ese importe mínimo lo que se entiende que está "en poder" del acreedor ejecutante.

Esta interpretación difiere de lo que se había venido entendiendo hasta ahora en interpretación del RDL 5/2005 y podría afectar a numerosas prendas actualmente en vigor, que tendrían que ser revisadas en caso de que esta interpretación fuese seguida en estos mismos términos por los jueces y tribunales españoles.

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