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El 18 de diciembre se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 21/2018, de 14 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler (en adelante el "RDL") que modifica, entre otras cosas, la Ley 29/1994, de Arrendamientos Urbanos y la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil en materia de desahucios. Entre las principales novedades encontramos:

  1.  Modificaciones a la Ley de arrendamientos urbanos entre las que destacamos (i) la ampliación del plazo mínimo obligatorio en arrendamientos de vivienda a cinco años – o a siete en el caso de arrendador persona jurídica; (ii) La prórroga tácita, esto es la que se da en ausencia de denuncia del contrato por cualquiera de las partes, se amplia a tres años (iii) se fija en dos mensualidades de renta la cuantía máxima de las garantías adicionales a la fianza que pueden exigirse al arrendatario, ya sea a través de depósito o de aval bancario, y salvo que se trate de contratos de larga duración; y (iv) se establece que los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato serán siempre a cargo del arrendador cuando sea éste persona jurídica. De acuerdo con el régimen transitorio previsto en el propio RDL, las modificaciones se aplicarán a los contratos que se firmen tras su entrada en vigor, esto es, a partir del 19 de diciembre.
  2. El título II introduce modificaciones en la Ley Propiedad Horizontal: (i) se incrementa la cuantía del fondo de reserva de las comunidades de propietarios hasta el 10% del último presupuesto ordinario, estableciendo la posibilidad de que dichos recursos se destinen a obras obligatorias de accesibilidad (ii) respecto de éstas, se extiende la obligación de realizarlas a los casos en los que las ayudas públicas a las que la comunidad pueda tener acceso alcancen el 75% del importe de las mismas; (iii) en materia de viviendas de uso turístico se establece que será necesario el voto favorable de las tres quintas partes del total de los propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación para que las comunidades de propietarios puedan limitar o condicionar el ejercicio de dicha actividad y (iv) se crea una bonificación potestativa de hasta el 95% para los inmuebles destinados a alquiler de vivienda con renta limitada.
  3. El título III modifica el procedimiento de desahucio de vivienda previsto en la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil de modo que, si éste afecta a hogares definidos como vulnerables se suspenderá el procedimiento durante el plazo de un mes (dos si el demandante es persona jurídica) hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales estimen oportunas.
  4. El título IV modifica, entre otras cosas, la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo de modo que (i) se exceptúa de la obligación de repercutir el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) al arrendatario cuando el arrendador sea un ente público en los supuestos de alquiler de inmueble de uso residencial con renta limitada por una norma jurídica; (ii) se modifica la regulación del recargo previsto para los inmuebles de uso residencial que estén desocupados para permitir que pueda ser aplicado por los ayuntamientos mediante la aprobación de la correspondiente ordenanza fiscal y (iii) se introduce una exención para determinados arrendamientos de vivienda en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

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