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Multas de la CNMC y de la AVC a personas físicas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) continua aplicando una de las medidas "estrella" de su plan de actuación para 2016: las multas a directivos. Así, en la que es ya la tercera Resolución imponiendo sanciones personales, la CNMC ha impuesto sendas multas de 36.000 y 16.600 euros a dos directivos de las empresas Prosegur y Loomis, por su participación en un cártel en el sector del transporte de fondos. En la misma resolución, las empresas también fueron sancionadas con 46,44 millones de euros, por intercambios de información y acuerdos de precios y de reparto del mercado.
Además, la CNMC ya no es la única autoridad que ha impuesto sanciones personales en España como método de disuasión de conductas anticompetitivas, pues también lo ha hecho la Autoridad Vasca de la Competencia, quien ha multado con 10.000 euros a la Presidenta del Colegio de Dentistas de Álava (además de con 250.000 euros al propio Colegio), en la que es la primera sanción personal en nuestro país por incumplir los compromisos adquiridos con la autoridad en una resolución de terminación convencional.

Recursos Humanos y Derecho de la competencia

Aunque existe una cierta tendencia a pensar que el Derecho de la competencia no afecta a los departamentos de RRHH, lo cierto es que éstos pueden coludir en materia de contratación de trabajadores y directivos, de salarios, etc. De hecho, empresas como Adobe, Apple, Google, Intuit y Pixar han tenido que enfrentase recientemente a acciones civiles por la realización de conductas anticompetitivas, consistentes, entre otras, en la estandarización de salarios, de las condiciones laborales, o en pactos de caballeros para no “llevarse” el talento de sus competidores.

Por eso, el Department of Justice y la Federal Trade Commission de Estados Unidos han publicado una guía sobre recursos humanos y Derecho de la competencia, en la que advierten que van a vigilar con atención, y entre otras cuestiones, los intercambios de información que versen sobre salarios y condiciones laborales. Además, las autoridades recomiendan consultar con el departamento legal o de compliance y con carácter previo cualquier iniciativa de los departamentos de RRHH en esos ámbitos. Asimismo, la guía destaca la participación de los departamentos de RRHH en asociaciones sectoriales, o en las auditorias previas a la posible compra de otras empresas como cuestiones especialmente sensibles desde el punto de vista Antitrust.

La CNMC avala de nuevo las centrales de compras

Los acuerdos de compra conjunta entre competidores pueden tener efectos restrictivos sobre la competencia, pero en muchos casos también generan importantes eficiencias que los compensan, y que hacen que las autoridades los consideren exentos de la prohibición de acuerdos colusorios. De hecho, en España son ya muchos los precedentes en los que las autoridades han dado su visto bueno a esta forma de colaboración entre empresas, que permite que operadores de menor tamaño se agrupen para competir con grupos verticalmente integrados, y que compensa el poder negociador de los proveedores. Así ocurre, por ejemplo, en el sector de la distribución minorista de bienes de consumo en formato de libre servicio, en el que la CNMC acaba de archivar una denuncia contra el acuerdo de negociación conjunta entre Día y Eroski.

En concreto, la CNMC señala que las centrales de compras o de negociación no son restricciones "por objeto" de los artículos 101 del TFUE o 1 de la Ley de Defensa de la Competencia, sino que es preciso analizar sus efectos y que, en ausencia de poder de mercado, éstos son positivos para la competencia y los consumidores. Así, la CNMC afirma que en el mercado de distribución minorista en España, sometido a intensa competencia y relativamente poco concentrado, muchos proveedores disponen de un poder de negociación suficiente para contrarrestar el refuerzo del poder de compra que logran empresas como Dia o Eroski negociando juntas las condiciones de suministro.

Multa histórica en Francia por gun-jumping

La autoridad francesa de competencia ha impuesto una multa de 80 millones de euros al grupo de telecomunicaciones Altice por haber ejecutado, antes de recibir su autorización, dos operaciones de concentración, la multa más elevada por gun-jumping en toda la UE hasta la fecha. Se da la circunstancia de que la sanción se impone pese a que Altice notificó en tiempo y forma la toma de control de los operadores de internet SFR y OTL, operaciones fueron aprobadas en junio y septiembre de 2014 respectivamente. Sin embargo, la autoridad ha concluido que Altice no respetó la obligación de suspensión de las concentraciones mientras son analizadas por las autoridades competentes. En este caso en particular, la autoridad inspeccionó las sedes de las empresas concentradas y encontró pruebas de que Altice había intervenido en la gestión comercial y operacional de SFR y OTL en repetidas ocasiones antes de recibir la autorización de competencia.

Brasil: investigan cártel de brokers inmobiliarios

La autoridad brasileña de competencia (CADE) investiga por primera vez un cártel en el sector inmobiliario, por la posible existencia de acuerdos de precios entre varios reguladores e intermediarios inmobiliarios ("brokers"). En concreto, el CADE estaría realizando indagaciones acerca de si el regulador federal de bienes inmuebles (COFECI) habría influido en la fijación de los honorarios de los intermediarios en sus actividades de venta, alquiler y administración de edificios en cuatro áreas de Brasil. Asimismo, también se estaría investigando a 22 reguladores regionales que podrían haber ayudado a implementar las conductas, iniciando procedimientos disciplinarios contra aquellos intermediarios que no siguieron las pautas del COFECI.

Multa por descuentos por fidelidad en Letonia

La Autoridad de competencia letona ha multado a Knauf por un abuso de posición de dominio en el mercado de la distribución de escayola, consistente en aplicar descuentos por fidelidad a sus clientes. Knauf aplicaba un sistema de descuentos individualizado y retroactivo, incentivando la compra de grandes volúmenes de producto, lo que generaba un "efecto succión" que daba lugar, de facto, a un suministro en exclusiva. La Autoridad ha seguido el enfoque "per se" utilizado por el Tribunal General de la UE en el caso Intel, sin analizar los efectos reales o potenciales de los descuentos en el mercado, metodología puesta en cuestión por el Abogado General Wahl en sus recientes conclusiones relativas al recurso de Intel ante el Tribunal de Justicia de la UE, que recomienda estimar.

Servicios funerarios en el punto de mira de CCAA

El sector de los servicios funerarios ha dado lugar tradicionalmente a muchas resoluciones de autoridades de competencia por abusos de posición dominante y acuerdos restrictivos, muchos de ellos relativos a la gestión de tanatorios. En este sentido hay varios ejemplos recientes de actuaciones de autoridades autonómicas en el sector. Así, la Agencia de Defensa de la Competencia de Andalucía (ADCA) ha publicado una nota informativa señalando que los tanatorios de titularidad pública no pueden negarse a prestar servicios funerarios a empresas ubicadas fuera de su territorio municipal; mientras que la autoridad catalana ha publicado su valoración de la propuesta de ordenanza municipal de servicios funerarios de Gerona, y un mapa interactivo con la información de base de su informe sobre el uso del tanatorio y sus efectos sobre la competencia en los servicios funerarios.

¿Viento de cara para acuerdos de líneas aéreas?

La colaboración comercial entre competidores es habitual en el sector del transporte aéreo de pasajeros, pues las autoridades han valorado positivamente la mayor eficiencia que aportan los acuerdos de "código compartido" y otras prácticas, que permiten, por ejemplo, a dos líneas aéreas que operan en la misma ruta vender asientos en las aeronaves de la otra, introduciendo así la competencia en la cabina de cada avión. Sin embargo, estos acuerdos no justifican otras conductas como el alineamiento de precios o la reducción coordinada de capacidad, que pueden restringir la competencia. Así lo han valorado recientemente varias autoridades de competencia, como la Comisión Europea, que ha enviado un Pliego de Cargos a TAP Portugal y Brussels Airlines por su operativa en la ruta Lisboa/Bruselas en relación con una posible infracción del artículo 101 del TFUE; o las autoridades de competencia de Brasil y Chile, quienes han anunciado su oposición a la alianza entre Latam, e IAG (Iberia y British Airways) o American Airlines por sus posibles efectos negativos sobre la competencia en distintas rutas entre Sudamérica y Europa o EEUU.

Cárcel para un abogado en Israel por bid-rigging

Por primera vez, un tribunal israelí ha condenado a un abogado a tres meses de prisión (y al pago de 11.900 euros) por su implicación en prácticas de bid-rigging (colusión en procedimientos de contratación pública) por parte de dos empresas. Según la autoridad, el abogado condenado habría preparado la documentación y los contratos necesarios para ejecutar un acuerdo en virtud del cual solo una de ellas se presentaría a las licitaciones públicas para la concesión de terrenos públicos propiedad del gobierno de Jerusalén, abonando a la otra 1 millón de euros como compensación.

España: reducen multa por introducir compliance

La CNMC ha considerado por primera vez como un elemento para modular la sanción impuesta, la implantación de un programa de compliance después de la incoación de un expediente sancionador por presunta infracción del Derecho de la competencia, en línea con decisiones recientes de otras autoridades en Europa. En concreto, así lo ha hecho en el cártel de Mudanzas Internacionales, en el que la CNMC consideró que tal iniciativa no podía considerarse como un atenuante, y tampoco especifica cuál ha sido el porcentaje en el que se ha reducido la multa, pero sí señala en la Resolución que la puesta en marcha de un programa de compliance es uno de los factores que se han tenido en cuenta al calcular la sanción.

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