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El pasado martes, 4 de septiembre, se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto (el "RDL") cuyo título II traspone a nuestro ordenamiento la llamada "Cuarta Directiva de Blanqueo", esto es la Directiva UE 2015/849 de 20 de mayo de 2015.

El RDL, que modifica la actual Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, entró en vigor al día siguiente de su publicación (esto es, el miércoles 5 de septiembre). La transposición tiene lugar por medio de un RDL porque España ya había superado el plazo máximo de trasposición. De hecho la publicación del RDL llega detrás de la aprobación, en junio de la "Quinta Directiva de Blanqueo" (la Directiva 2018/843 de 30 de mayo de 2018)que modifica esta que ahora se transpone.

Las principales novedades de la regulación contenida en el RDL son:

  • La confirmación, de forma expresa, de la obligación que tiene toda entidad con sede en la UE que opere en España en prestación de servicios o a través de un establecimiento permanente (que no sea sucursal) de nombrar un representante ante el servicio anti-blanqueo del Banco de España (SEPBLAC). Esta obligación se establece de forma expresa por primera vez aunque, en la práctica, ya se entendía necesario.
  • Se establece por primera vez la obligación de contar con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad aprobados para dar cumplimiento a aquélla. De igual modo paralela, se establecen canales para la denuncia ante la Administración de potenciales incumplimientos por los sujetos obligados de las exigencias de la normativa administrativa. Tanto las comunicaciones internas como las denuncias ante la Administración han de poder ser realizadas incluso anónimamente. Se prevé que la denuncia anónima pueda incrementar el número de expedientes de infracción.
  • Se incrementa el importe máximo de las multas si bien, en relación con la sanción consistente en amonestación pública se incluye la posibilidad de retrasar o acordar la no publicación definitiva de la sanción en determinados casos excepcionales.
  • Se establece un régimen único para las personas de interés público nacionales y extranjeras, sin distinguir entre ellas, y quedando todas sujetas a medidas de control reforzado.
  • Se amplían los sujetos obligados para incluir a todos los que presten asesoramiento a sociedades de forma profesional.
  • En línea con lo dispuesto en la Quinta Directiva, se modifica el régimen de identificación del titular real para ampliar los supuestos en los que se entiende que existe control a lo establecido en el art. 22 secciones 1 a 5 de la Directiva 2013/34 sobre los estados financieros consolidados. Esto tendrá su correspondiente reflejo a la hora de completar el formulario de identificación del titular real que ha de acompañarse al depósito de las cuentas anuales de acuerdo con la Orden JUS/319/2019. Las sociedades que coticen en un mercado regulado están exentas de esta obligación, pero no así las que cotizan en el MAB.

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