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Semana del 14 - 20 Febrero 2018

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Audiencias Provinciales

El crédito del accionista que ejercitó su derecho de separación por reparto de dividendos no es subordinado.

Sentencia 12/2018 de la Audiencia Provincial de La Coruña, Sección 4ª, de 15 de enero de 2018. Ponente: José Luis Seoane Spiegelberg.

Esta sentencia analiza la calificación del crédito de reembolso por el ejercicio del derecho de separación por no distribución de dividendos de un accionista de una sociedad anónima (artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital). La propia Audiencia Provincial (en adelante, "AP") de La Coruña había reconocido el derecho de separación del recurrente varios años antes de la declaración de concurso pero la valoración que había hecho el auditor designado por el registro había sido impugnada.

En primera instancia se consideró el crédito como contingente sin cuantía propia y subordinado por el artículo 92.5 de la Ley Concursal (en adelante, "LC") relativo a los créditos de los que son titulares las personas especialmente relacionadas con el concursado (en adelante, "PER"). Sin embargo, el recurrente insiste en su calificación como ordinario. La clave de la calificación está en cuándo el accionista pierde la condición de socio.

La AP expone las dos tesis relativas al momento en que se pierde la condición de socio tras el ejercicio del derecho de separación por no reparto de dividendos, pero deja claro que en cualquiera de ellas el recurrente tiene razón y el crédito es ordinario.

  • Una tesis propugna que la condición de socio se pierde tras la recepción por la sociedad de la manifestación del ejercicio del derecho de separación. De acuerdo con esta visión, el recurrente dejó de ser accionista cuando ejerció su derecho (que en el caso fue, además, objeto de reconocimiento judicial). Por tanto, cuando nace el crédito ya no es PER y su crédito no es subordinado.
  • La otra tesis defienden que la condición de socio se conserva mientras no se pague el valor de la cuota. En este caso podrían existir más dudas en relación a la calificación pero la AP indica que la impugnación de la valoración no puede interrumpir la salida del socio. El socio tiene un crédito al reembolso que ha sido legalmente cuantificado y que debería haber sido objeto de consignación. Y aunque se considerase que persiste la condición de socio hasta que la sociedad decida unilateralmente abonar su derecho, tampoco se dan los presupuestos del artículo 92.5 LC porque el crédito no deriva de un préstamo o acto análogo sino del ejercicio de un derecho societario.

Lo que sí confirma la AP es la consideración del crédito del recurrente como contingente sin cuantía del artículo 87.3 LC. La cuantía será la que corresponda como resultado del proceso de impugnación del informe del auditor (no vale la fijada por el auditor hasta que no sea indiscutible).

El representante persona física del administrador persona jurídica (antes de la modificación de la Ley de Sociedades de Capital por la ley 31/2014) no tiene Responsabilidad Concursal.

Sentencia 298/2017 de la Audiencia Provincial de Asturias, Sección 1ª, de 13 de diciembre de 2017. Ponente: Javier Antón Guijarro.

En esta sentencia la AP confirma la calificación del concurso como culpable y, en la parte que interesa, se refiere a la posible consideración como persona afectada por la calificación del representante persona física de la sociedad que era administradora única de la concursada Aslodis, S.L.

En contra del criterio del juzgado, la AP entiende que el representante persona física no puede quedar afectado por la calificación. En primer lugar, porque los hechos enjuiciados tuvieron lugar antes de que la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, modificara la Ley de Sociedades de Capital para establecer la responsabilidad solidaria del representante con la persona jurídica administradora (artículo 263.5). Y, en segundo lugar, porque no puede identificarse a todo representante persona física como un administrador de hecho obviando las características que son propias de una y otra figura. Para que pudiera ser considerado administrador de hecho debería demostrarse que el representante actuó con autonomía, sin seguir las indicaciones de su mandante y extralimitándose en el mandato que le había sido conferido, lo que no quedó acreditado.

El valor razonable de la garantía es el que determina la AC en su informe salvo prueba en contrario. En ejecuciones el crédito garantizado es el valor total de la garantía. 

Sentencia 765/2017 de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5ª, de 20 de noviembre de 2017. Ponente: Alfonso María Martínez Areso.

Se discute la calificación concursal de un crédito de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (en adelante, "AEAT") garantizado por hipoteca.

La AEAT consideraba que el importe del crédito que era privilegiado era aquel garantizado por la hipoteca de acuerdo con la escritura de constitución. No obstante, la administración concursal (en adelante, "AC"), citando los artículos 90.3 y 94.5 LC, entendía que el crédito privilegiado sólo cubría los 9/10 del actual valor razonable de la garantía y que el resto era crédito ordinario (o subordinado en la parte correspondiente a los intereses de demora).

La principal divergencia se fundaba en que la AEAT tomaba como valor razonable el fijado en la hipoteca y, sin embargo, la AC en su informe del artículo 75 LC fijaba este valor en la mitad, alegando que los inmuebles se habían depreciado desde entonces y que, atendiendo a transacciones en fincas similares, el valor razonable actual debía ser el 50% del inicial. La impugnación de la AEAT apelaba a lo arbitrario de la valoración de la AC pero tenía la carga de la prueba de acreditar que el valor razonable era otro y no lo hizo. Por tanto, en el caso, el valor razonable será el indicado por la AC en su informe por no haberse desvirtuado por la actora.

Dicho esto, la AP aprovecha para indicar, obiter dicta, que: (i) la modificación del artículo 94 LC tuvo por objeto la correcta calificación de créditos a los efectos de la adopción de un convenio; (ii) pero en sede de ejecución, más allá del concurso, el importe del crédito hipotecario (deuda originaria) alcanza hasta el valor total de la garantía ex artículo 155.4 LC.

Se condena a la AC a reintegrar parte de sus honorarios a la masa activa por haber cobrado antes de lo que le correspondía.

Sentencia 534/2017 de la Audiencia Provincial de Salamanca, Sección 1ª, de 22 de noviembre de 2017. Ponente: Juan Jacinto García Pérez.

Se recurre la sentencia de primera instancia que había resuelto, a petición del FOGASA, no aprobar la rendición de cuentas presentada por la AC al considerar que ésta se había cobrado sus honorarios dejando sin satisfacer el crédito ostentado por el FOGASA (tras subrogarse a consecuencia del pago de los 30 últimos días de salario de los trabajadores).

La AP constata, en efecto, que la AC atribuyó a sus honorarios una prioridad que la LC no les reconoce, al colocarlos en una situación de privilegio respecto al crédito en el que el FOGASA se subrogó. Se confirma la condena a la AC a reintegrar a la masa activa parte los honorarios percibidos.

Si desea obtener copia de cualquiera de las sentencias mencionadas por favor solicítelas a su contacto en Ashurst.

Estas no son TODAS las sentencias en materia concursal publicadas esta semana sino una selección de las que, en criterio del equipo concursal de Ashurst, se consideran más relevantes.

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