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Tribunal Supremo

El inventario de la masa activa tiene una función meramente informativa, incluir un crédito en él no crea un derecho

Sentencia 558/2018 del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, de 9 de octubre de 2018. Ponente: Pedro José Vela Torres.

En el inventario del concurso de una sociedad limitada se incluyeron dos fincas. El inventario no fue impugnado. Sin embargo, con posterioridad, otra sociedad reclama ser propietario de parte de las fincas mediante una acción declarativa.

Tanto la sentencia de la primera instancia como la Audiencia Provincial de Málaga desestiman la pretensión de la recurrente por extemporánea.

El Tribunal Supremo estima el recurso de casación. Indica que, a diferencia del listado de la masa pasiva que sí tiene consecuencias jurídicas de fondo, la función del inventario es meramente informativa. "El inventario no (…) crea ni extingue derechos. De modo que incluir un derecho de crédito o un bien en el inventario no constituye una declaración judicial acerca de la titularidad del bien o el derecho de que se trate. El inventario (…) tiene un carácter dinámico, en la medida en que el concursado puede enajenar bienes y derechos y adquirir otros durante el concurso, además de los resultados que pueden arrojar las acciones de reintegración (….)". Menciona en el mismo sentido la sentencia de la misma Sala de 28 de septiembre de 2010. Por tanto, la inclusión de un bien en el inventario es compatible con el posible litigio sobre el mismo, en juicio declarativo dentro o fuera del concurso. Únicamente habrá preclusión si la misma parte hubiera impugnado en su día el inventario por el cauce del incidente del artículo 196.4 de la Ley Concursal. Como no fue así, debe permitirse el ejercicio de la acción.

El Tribunal Supremo reitera que el adquirente de una unidad productiva se subroga tanto frente a los trabajadores cedidos como a las deudas derivadas de contratos extinguidos con anterioridad, aunque el juez haya excluido lo último en el auto de adjudicación

Sentencia 823/2018 del Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, de 12 de septiembre de 2018. Ponente: Sebastián Moralo Gallego.

En el caso, una sociedad concursada lleva a cabo un expediente de regulación de empleo ("ERE") mediante el cual se extinguen 162 contratos con una indemnización de 20 días de salario. Parte de la indemnización no se satisface y los trabajadores solicitan su pago al FOGASA. Con posterioridad, la concursada vende una unidad productiva, en el seno del concurso, a otra sociedad. En la transmisión de la unidad productiva no se incluyen los trabajadores despedidos en el ERE y el juez del concurso establece expresamente que no puede "derivarse a la adquirente ninguna obligación laboral respecto de trabajadores no incluidos en el listado anexado al auto de adjudicación definitiva". La cuestión que se plantea es determinar si la empresa a la que se le adjudica la unidad productiva en un procedimiento concursal es responsable de las obligaciones pendientes de pago del empleador en situación de concurso con los trabajadores cuyos contratos de trabajo se extinguieron válidamente antes de dicha adjudicación, cuando en el auto dictado a tal efecto por el juez del concurso hace constar que no existe sucesión de empresa del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y limita esos efectos a los trabajadores cuyos contratos siguen vigentes en el momento de la adjudicación.

Los trabajadores solicitan al Tribunal Supremo que resuelva la contradicción entre dos sentencias anteriores del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. La Sala Cuarta recuerda que ya la resolvió en su sentencia de 26 de abril de 2018, en un supuesto absolutamente idéntico al presente, relativo a las mismas empresas y en el que incluso se invocaba la misma sentencia de contraste. Reproduce por tanto los fundamentos de la misma y reitera que el adquirente se subroga tanto en los contratos vigentes como en las indemnizaciones derivadas del despido previo a la adjudicación.

Audiencias Provinciales

Incluso en caso de suspensión de facultades el administrador concursal puede delegar funciones en el antiguo administrador social sin que esto constituya dejación de funciones

Sentencia 574/2018 de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 17 de septiembre de 2018.

En un concurso en el que se acordó la suspensión de facultades, se solicita, ex artículo 37 de la Ley Concursal, la separación de un administrador concursal por falta de diligencia al haber delegado la gestión del negocio (una granja) en el anterior administrador social. Se considera que eso supone un "incumplimiento grave de las funciones del administrador (concursal)" que constituye justa causa para su separación.

La Audiencia Provincial de Barcelona confirma el criterio del juez de instancia. No es incumplimiento de las funciones del administrador concursal el apoyarse para la gestión del negocio concursado en el anterior administrador social "quien posee los conocimientos necesarios para que la empresa pueda continuar". El alcance del régimen de suspensión de facultades acordado no supone para el administrador concursal convertirse en administrador social de la noche a la mañana, sino asumir el control absoluto de todas las decisiones de administración y disposición, ordinaria y extraordinaria, que afecten a la empresa.

Cuando, tras la liquidación, el concurso concluye con superávit el reparto del haber social se somete a las reglas de la Ley de Sociedades de Capital

Sentencia 550/2018 de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección 4ª, de 13 septiembre de 2018. Ponente: Rafael Fuentes Devesa.

Se analiza el caso de un concurso que, tras la liquidación, concluye con superávit y en la que el juez del concurso opta por entregar parte a una entidad benéfica y el resto a los miembros de una comunidad de propietarios vinculada con la sociedad.

La Audiencia Provincial de Murcia estima el recurso de la sociedad concursada frente a esa decisión y aclara que si, una vez concluido el concurso, siguen existiendo activos, éstos pertenecen a la sociedad concursada. La sociedad, tras el concurso, conserva su personalidad jurídica porque la "liquidación concursal no conlleva su extinción, sino solo su disolución de pleno derecho". De este modo, si el concurso concluye por íntegra satisfacción de los acreedores recobra vigencia la Ley de Sociedades de Capital y compete a los socios (en este caso, socio único) decidir qué hacer, pudiendo optar por la reactivación o por terminar la liquidación. A partir de aquí, los desacuerdos o litigios que se susciten en relación a la sociedad o sus socios dejan de ser competencia del juez concursal, debiendo resolverse "por el cauce y ante el juez ordinario".

El aplazamiento del precio en una compraventa es un acto de finalidad análoga a un préstamo a efectos de subordinación

Sentencia 446/2018 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 20 de julio de 2018. Ponente: Pedro María Gómez Sánchez.

La Audiencia Provincial de Madrid considera que, para el socio de la concursada que le vende unas fincas, el pacto de aplazamiento de precio es un acto con finalidad análoga a un préstamo a efectos de subordinación (artículo 92.5º de la Ley Concursal). Por la parte del precio que se aplaza, el vendedor se comporta como un financiador del comprador. Recuerda la Sección 28ª que de lo que se predica la analogía no es de la naturaleza jurídica del negocio sino de la finalidad y la función económica en ambos casos es similar: una transferencia del valor patrimonial entre dos sujetos que uno de ellos no compensa inmediatamente.

En el caso, se aplazó la mayor parte del precio (510.618,48 euros de un total de 602.214,13 euros) durante un plazo de siete años. Se confirma la calificación del crédito derivado de ese precio aplazado como subordinado.

Fusión que se aprueba en fase de convenio siendo absorbida la sociedad concursada. Reapertura posterior del concurso por incumplimiento del convenio. Tesis que defiende el mantenimiento de la personalidad jurídica de la sociedad absorbida a los solos efectos de continuación del procedimiento concursal para depurar responsabilidades

Sentencia 318/2018 de la Audiencia Provincial de Valladolid, Sección 3ª, de 9 de julio de 2018. Ponente: Francisco José Pañera Usunariz.

Una sociedad se fusiona con otra sociedad en concurso en fase de convenio asumiendo los pagos establecidos en éste. Posteriormente la sociedad absorbente también entra en concurso.

La Audiencia Provincial de Valladolid defiende que es posible declarar el judicialmente el incumplimiento del convenio en el concurso de la absorbida y que, en ese momento, se abrirá la liquidación. Considera para llegar a esta conclusión que la sociedad absorbida, incluso tras la fusión, mantiene una personalidad jurídica residual hasta el archivo del concurso por alguna de las causas legalmente previstas.

Considera la Sección que el "resucitar" el concurso de la absorbida sirve para analizar en esa sede la eventual culpabilidad del concurso por incumplimiento del convenio y la responsabilidad de las personas afectadas. Esto no significa, sin embargo, que si se declara la responsabilidad los administradores se liquide automáticamente su patrimonio sino que debe acreditarse antes que el patrimonio de la sociedad beneficiaria no es suficiente (artículo 172 bis 1 de la Ley Concursal).

Por último, analiza el derecho de oposición de los acreedores recogido en el artículo 44 de la Ley de Modificaciones Estructurales y la acción de nulidad del artículo 47.1 de la misma norma y concluye que rigen con todas sus consecuencias aunque la sociedad que se fusione esté incursa en un procedimiento concursal. Los créditos sometidos al convenio no pueden considerarse vencidos ni suficientemente garantizados por lo que están plenamente facultados para el ejercicio de los derechos societarios. El resto de los créditos (contra la masa, privilegiados no adheridos y los posteriores) deben someterse al régimen general y, por tanto, habrá que analizar si estaban o no vencidos (respecto a éstos no hay diferencias respecto a una modificación estructural común). En cualquier caso, no es competente el juez del concurso para examinar la eventual vulneración de los derechos de los socios o acreedores perjudicados en el proceso de fusión.

Devengo de intereses moratorios de un préstamo hipotecario. Interpretación del artículo 59.1 de la Ley Concursal. El tope es el importe garantizado en la hipoteca. Los intereses devengados con anterioridad a la declaración de concurso no se aplican a la cifra máxima de interés garantizado

Sentencia 246/2018 de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares, Sección 5ª, de 7 de junio de 2018.

Se recurre la sentencia de instancia relativa al pago de los intereses moratorios de un préstamo hipotecario. En el caso, la recurrente recibió un préstamo hipotecario cuyas obligaciones incumplió lo que dio lugar al inicio del procedimiento de ejecución de la hipoteca que se suspendió al declararse la deudora en concurso y se reanudó tras el convenio.

La actora solicita que se le devuelvan parte de los intereses alegando: (i) que se ha vulnerado el artículo 59 de la Ley Concursal relativo a la suspensión del devengo de intereses desde la declaración de concurso; y (ii) lo dispuesto en el convenio que indica que no se devengarán intereses.

La Audiencia Provincial de las Islas Baleares indica:

  • (i) Que el artículo 59.1 de la Ley Concursal tan sólo contempla la suspensión del devengo de intereses "desde la declaración del concurso", por lo que la limitación al importe máximo del interés que se cubre mediante una garantía hipotecaria a que hace referencia dicho precepto sólo afecta a los devengados con posterioridad a dicha fecha, pero no a los intereses devengados con anterioridad, "sin que resulte posible" dice textualmente la Sala "imputar a la cifra máxima de interés garantizado, los intereses devengados con anterioridad" (a la declaración de concurso).

  • (ii) En relación a los intereses devengados desde la declaración del concurso y hasta que cesaron sus efectos por la aprobación del convenio, la Audiencia Provincial de las Islas Baleares interpreta el artículo 59.1 de la Ley Concursal, que dice que éstos "serán exigibles hasta donde alcance la respectiva garantía", en el sentido de que sólo han de ser satisfechos en la medida en la que estén dentro del importe garantizado en la propia escritura de hipoteca (la cantidad restante queda afectada por la suspensión del artículo 59.1 y por tanto "no pueden considerarse como devengados a efectos de exigibilidad de su pago").
  • (iii) Que desde la aprobación del convenio cesan los efectos de la declaración de concurso (artículo 133.2 de la Ley Concursal) por lo que vuelven a devengarse intereses, no quedando la demandada vinculada por el convenio por ser acreedora con privilegio especial (artículo 134.2 de la Ley Concursal).

Se estima parcialmente el recurso en lo relativo al punto (ii) anterior.

El sobrante de una ejecución hipotecaria anterior al concurso debe entregarse a los titulares de cargas posteriores aunque el decreto de adjudicación se dicte después de una comunicación del artículo 5 bis de la Ley Concursal 

Sentencia 321/2018 de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección 4ª, de 17 de mayo de 2018. Ponente: Rafael Fuentes Devesa.

El supuesto de hecho analizado en esta sentencia parte de una ejecución hipotecaria en la que el ejecutante, una entidad financiera, solicitó la adjudicación directa de la finca por haber quedado la subasta desierta. El problema viene porque el decreto de adjudicación se dicta con mucho retraso, una vez que la sociedad ejecutada había efectuado comunicación del artículo 5 bis de la Ley Concursal. El decreto preveía la entrega del sobrante (161.516,46 euros) al ejecutante por su calidad de acreedor inmediatamente posterior (tenía otras tres hipotecas más sobre la finca) pero esa entrega queda suspendida. Finalmente, se declara el concurso voluntario de la sociedad ejecutada y en el inventario el crédito de la entidad financiera se califica como ordinario por el principal de los préstamos hipotecarios (230.937,81 euros) y como subordinado por los intereses. La entidad financiera sigue reclamando la entrega del sobrante.

En primera instancia se rechaza la entrega del sobrante pero la Audiencia Provincial de Murcia atiende el recurso de la entidad financiera. La Sección dice que estamos ante un supuesto general de ejecución hipotecaria antes del concurso, el sobrante debe entregarse a los titulares de derechos posteriores inscritos, en este caso el propio ejecutante, y como no hay remanente no hay nada que vuelva a la masa del ejecutado.

En la lista de acreedores el crédito no figura como privilegiado porque, en teoría, las hipotecas fueron canceladas por el decreto. Pero si se le reconoce ese efecto al decreto también se le debe reconocer el efecto de determinar el destino del sobrante. No se pueden separar los efectos. Podría tener sentido esa separación en caso de un acreedor posterior no hipotecario o si el remanente se destinara a atender créditos fuera de la cobertura hipotecaria pero en el caso el sobrante es inferior, como vimos, al principal cubierto (161.516,46 euros frente a 230.937,81 euros).

La Audiencia Provincial de Murcia menciona en apoyo de su tesis la sentencia 854/2006 del Tribunal Supremo de 22 de septiembre de 2006 y la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 8ª, de 16 de junio de 2017.

Nulidad de la venta de finca hipotecada cuando la oferta se recibe en plazo previsto en el plan de liquidación pero la finca se transmite después

Sentencia 281/2018 de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 5ª, de 14 de mayo de 2018. Ponente: Conrado Gallardo Correa.

El plan de liquidación de una sociedad en concurso establecía lo siguiente respecto a la enajenación de una finca hipotecada en favor del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. ("BBVA"): "Para el caso de que la subasta quedara desierta, la finca descrita se transmitirá de forma directa a la mayor de las ofertas que se presenten, o incluso encargar a una sociedad especializada la venta de dicho activo, todo ello en un plazo prudencial de cuatro meses. Aquéllas enajenaciones llevadas a efecto conforme al presente plan de liquidación no deben ser de nuevo objeto de autorización u homologación por el Juez del concurso". La oferta que da lugar al incidente se emitió dentro del plazo de los cuatro meses referido en el plan pero la finca se transmitió después de ese plazo. El BBVA, viendo que la administración concursal aceptaba una oferta que consideraba muy baja, presenta una contraoferta por el doble que la primera que es rechazada por extemporánea y por no cubrir la comisión de intermediación. Ante esta situación, el BBVA solicita la anulación de la transmisión y que se acepte su oferta.

La Audiencia Provincial de Sevilla interpreta el plan de liquidación y considera que fija un plazo preclusivo al que estaban sometidos tanto la oferta como la aceptación y transmisión. Por tanto, declara la nulidad de la compraventa. Razona la Sala que, desde que pasó el plazo, la realización del bien debía haber seguido las prescripciones del artículo 155.4 de la Ley Concursal.

En lo que la sentencia no da la razón a BBVA es en la aceptación de su oferta. Si no se admite la primera transmisión por extemporánea tampoco se puede aceptar la segunda oferta que llega fuera de plazo.

Los honorarios de letrados y procuradores del acreedor que solicita el concurso necesario están incluidos en el artículo 84.2.2º de la Ley Concursal y son créditos contra la masa

Sentencia 174/2018 de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección 4ª, de 20 de abril de 2018. Ponente: Juan José Cobo Plana.

La Audiencia Provincial de Las Palmas considera que los créditos por honorarios del abogado y procurador del acreedor que solicitó el concurso necesario (costas) están incluidos en el artículo 84.2.2º de la Ley Concursal y son, por tanto, créditos contra la masa. Sin embargo, esto no implica que no puedan ser moderados por el tribunal.

Juzgados de lo Mercantil

No es administrador de hecho la entidad financiera refinanciadora por los pactos incluidos en el contrato de financiación

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil n° 7 de Madrid, de 4 de julio de 2018. Ponente: Juan Carlos Picazo Menéndez.

El Grupo This Gavias, propiedad de Fintubo, S.A., atravesaba tensiones financieras y solicitó financiación a Cordes&Graeffe KG. En el contexto de la financiación, Finutbo, S.A. dio en prenda las acciones de la principal filial del grupo y Cardes&Gareffe KG adquirió varios activos esenciales e inmuebles. Se pactó, además, que Fintubo, S.A. no podría llevar a cabo determinados actos sin el consentimiento previo de Cardes&Gareffe KG y que le entregaría periódicamente sus estados contables.

Cuando posteriormente la financiada entra en concurso, se solicita que el crédito de Cordes&Graeffe KG se considere subordinado por ser, supuestamente, persona especialmente relacionada (administrador de hecho). En este contexto, el Juzgado de lo Mercantil número 7 de Madrid analiza la situación del administrador de hecho en el contexto de una financiación, legal (artículo 93.2.2º de la Ley Concursal) y jurisprudencialmente (en concreto, las sentencias del Tribunal Supremo 224/2016 y 421/2015), concluyendo que:

  • en el marco de las financiaciones, las medidas de control financiero y de actividad a futuro por parte del acreedor sobre el deudor no conllevan la gestión diaria de la sociedad y no encajan con la administración de hecho. Dichas medidas únicamente se limitan a ciertas actividades que garantizan la financiación, continuando la administración en manos de los administradores de derecho;
  • aunque estaba prevista la adquisición del 50% del accionariado de la concursada, ésta no llegó a materializarse, por lo que no estamos ante un socio de control o un socio oculto; y
  • conforme al artículo 93.2º de la Ley Concursal "no tendrán la consideración de administradores de hecho los acreedores que hayan suscrito un acuerdo de refinanciación por las obligaciones que asuma el deudor en relación con el plan de viabilidad (…)". El juez considera que las actuaciones de Cardes&Gareffe KG pueden enmarcarse en un plan de viabilidad. 

Por todo lo anterior, no se considera a Cordes&Graeffe KG administrador de hecho ni, por tanto, persona especialmente relacionada.

Concepto de "deuda originaria" del artículo 155.5 de la Ley Concursal. En ejecución individual no se aplica la limitación del valor de la garantía del artículo 94.5 de la Ley Concursal

Sentencia 24/2018 del Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Burgos, de 20 de abril de 2018. Ponente: Íñigo Herrero Elejalde.

En línea con lo establecido por la Audiencia Provincial de Madrid en su sentencia de 3 de mayo de 2016, el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Burgos interpreta que la alusión a la "deuda originaria" del artículo 155.5 de la Ley Concursal significa que el límite del valor de la garantía del artículo 94.5 de la Ley Concursal no es aplicable en caso de ejecuciones separadas y que el ejecutante puede hacer suyo lo recibido hasta el total de la deuda originaria, sin que el exceso sobre el valor previsto en el artículo 94.5 de la Ley Concursal deba ser objeto de devolución. Sólo lo que exceda de la deuda originaria corresponde a la masa activa del concurso.

Entiende el juzgado que "las limitaciones (…) son siempre de interpretación restrictiva y no cabe extender analógicamente ni por interpretación sistemática una limitación cuando no está expresamente contemplada en el supuesto legal, como en el caso de autos".

Dirección General de los Registros y del Notariado

Cesión de créditos hipotecarios en concurso. El registrador debe calificar la congruencia entre las condiciones de la cesión y el plan de liquidación. Constancia del precio de la cesión aunque sea sólo determinable.

Resolución de 20 de septiembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Móstoles n.º 2 a inscribir una escritura de cesión de créditos hipotecarios. BOE del 9 de octubre de 2018.

Una sociedad en concurso en fase de liquidación vende unos créditos hipotecarios. Al presentar la escritura de cesión en el correspondiente Registro de la Propiedad, la registradora señala dos defectos:

  1. Que la venta no es congruente con el plan de liquidación. Este defecto se confirma aunque con matizaciones. La registradora decía que los créditos hipotecarios no podían considerarse incluidos en las prescripciones del plan de liquidación para los créditos en general porque eran bienes inmuebles ex artículo 334.10 del Código Civil y que, por tanto, para su transmisión debería haberse recurrido a las reglas supletorias de los artículos 148 y 149 de la Ley Concursal. La Dirección General de los Registros y del Notariado está de acuerdo en que el registrador debe realizar un juicio de congruencia entre el acto dispositivo y la conformidad con las reglas del plan de liquidación. Sin embargo, puntualiza que los créditos hipotecarios no dejan de ser créditos y, por tanto, bienes muebles. La hipoteca no es un valor patrimonial diferente del crédito cedido ex artículo 1528 del Código Civil. Por tanto, sí aplican las prescripciones del plan de liquidación para los créditos en general, que preveían su posible venta sujeta a determinadas condiciones de publicidad. El problema que ve el Organismo es que, en el caso, la escritura de cesión de créditos no incluía referencia al plan de liquidación, ni al cumplimiento de las prescripciones del mismo, por lo que el registrador no pudo calificar la congruencia entre el procedimiento seguido y el plan.
  2. Que no se determinaba el precio de los créditos. En concreto en la escritura se decía que el precio era una cantidad fija y un 70% de lo que se recuperase. La Dirección General de los Registros y del Notariado no confirma este defecto porque considera el precio determinable objetivamente sin necesidad de un nuevo convenio entre las partes (artículos 1273 y 1447 del Código Civil).

Concurso voluntario. Rescisión de compraventa. Mandamiento de cancelación de la transmisión y de las cargas derivadas. Debe acatarse si la sentencia se notificó al acreedor hipotecario y a su cesionario

Resolución de 26 de septiembre de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la calificación del registrador de la propiedad de Valencia n.º 13, por la que suspende la práctica de la cancelación de determinada inscripción de hipoteca. BOE de 16 de octubre de 2018.

Estando una sociedad en concurso voluntario se declaró por el juez del concurso la nulidad de una compraventa de una finca lo que implicaba la reversión del dominio a favor de la sociedad concursada. En consecuencia, la letrada de la Administración de Justicia expidió mandamiento para que se llevara a cabo la cancelación del asiento de compraventa y de los que derivaban de él. El registrador canceló la inscripción de la compraventa pero no una hipoteca posterior que había constituido la sociedad compradora a favor de Bankia, S.A. y que se había cedido a otra sociedad. Alegó que la demanda no se anotó preventivamente en el registro y que no le constaba que el acreedor hipotecario cesionario hubiera intervenido en el procedimiento, sin que bastase que se le hubiera notificado la sentencia.

La Dirección General de los Registros y del Notariado estima el recurso. La sentencia es declarativa y no requiere ejecución procesal (arts. 517.2.1º y 521 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Además, en el mandamiento constaba que la sentencia se había notificado a Bankia, S.A. y a la acreedora cesionaria y la Dirección considera que esa notificación evitó la indefensión puesto que permitió a los sucesivos acreedores hipotecarios alegar lo que quisieran, si bien no hicieron uso de esa facultad.

 

Si desea obtener copia de cualquiera de las sentencias mencionadas por favor solicítelas a su contacto en Ashurst.

Estas no son TODAS las sentencias en materia concursal publicadas este mes sino una selección de las que, en criterio del equipo concursal de Ashurst, se consideran más relevantes.


 

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