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Tribunal Supremo

No puede apreciarse responsabilidad individual por impago de una deuda cuando al cierre de hecho le sigue la declaración de concurso. Ahí la causalidad entre no liquidar y el impago de la deuda desaparece

Sentencia 3625/2019 del Tribunal Supremo (Sala Primera de lo Civil), de 5 de noviembre de 2011. Ponente: Ignacio Sancho Gargallo.

En el supuesto de hecho planteado, Fercam Transportes, S.A. (en adelante, "Fercam") prestaba servicios de depósito y custodia para la sociedad concursada Infotarget, S.L. (en adelante, "Infotarget"). Esta, en un momento dado, cerró de hecho, cesando en su actividad pero sin llevar a cabo operaciones de liquidación. Posteriormente, bienes de Infotarget en custodia de Fercam fueron embargados y subastados públicamente e Infotarget declarada en concurso. Fercam, antes del concurso, reclama lo que se le debe por servicios prestados y por custodia y conservación de la mercancía, así como la extensión solidaria de la responsabilidad al administrador de la concursada por la acción individual de responsabilidad. Los créditos le son reconocidos en el concurso y lo que se dilucida en esta sentencia, concluido el concurso, es si procede declarar la responsabilidad individual del administrador.

El Tribunal Supremo dice que la acción individual se funda sobre la supuesta posibilidad de la concursada, estando ya en situación de cierre de hecho, de haber pagado los créditos que se reclaman y considera que esto es mucho suponer. La jurisprudencia del tribunal tiene ya declarado que "No puede identificarse la actuación antijurídica de la sociedad que no abona sus deudas y cuyos acreedores se ven impedidos para cobrarlas porque la sociedad deudora es insolvente, con la infracción por su administrador de la ley o los estatutos, o de los deberes inherentes a su cargo". La responsabilidad del administrador debe fundarse en una conducta antijurídica, no en no pagar si no hay dinero. En este caso, la conducta antijurídica que se alega es el cierre de hecho, esto es, no haber practicado las operaciones de liquidación. Sin embargo, aclara el Tribunal Supremo que es difícil apreciar una relación de causalidad entre no liquidar y el impago de la deuda cuando el cierre de hecho viene seguido del concurso. Aun en el supuesto en que se demostrara que al tiempo de verificarse el cierre había algún activo concreto pendiente de ser liquidado con el que se hubiera podido pagar el crédito del demandante, la posterior apertura del concurso pone de relieve la existencia de otros acreedores concurrentes. Por tanto, es difícil probar que se hubiera pagado el crédito si el administrador hubiera procedido a la liquidación ordenada.

Si el administrador tiene responsabilidad por retraso en la solicitud de concurso y esto agravó la insolvencia produciendo un déficit patrimonial debe dilucidarse en sede de calificación del concurso.

El Tribunal Supremo recuerda La limitación temporal de dos años para administradores y liquidadores afectados por la calificación no se refiere a a los actos que fundamentan la culpabilidad, que no tienen límite temporal, sino al tiempo que esas personas ostentaron el cargo

Auto del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 23 de octubre de 2019. Ponente: Eduardo Baena Ruiz.

El Tribunal Supremo inadmite un recurso de casación porque considera indubitado que la limitación temporal de dos años contenida en el artículo 172.2.1º de la Ley Concursal al regular quiénes pueden ser las personas afectadas por la calificación del concurso cuando se refiere a "administradores o liquidadores, de hecho o de derecho, apoderados generales", hace referencia al tiempo en el que éstos ostentaron dichos cargos (exigiendo que, o bien tengan esta condición al tiempo de declaración del concurso o la hubieran tenido dentro de los dos años anteriores a la fecha de declaración del concurso), pero ese limite no se aplica a las conductas o hechos que puedan fundamentar la culpabilidad, que no tienen límite temporal alguno (salvo los específicos derivados del propio tipo, como el alzamiento, que establece un plazo específico de dos años).

Audiencias Provinciales

No cabe el reconocimiento de créditos con privilegio especial derivados de una hipoteca de máximo en garantía de la apertura de crédito en cuenta corriente cuando no se ha dispuesto de importe alguno. Tampoco cabe el reconocimiento como crédito contingente

Sentencia 521/2019 de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 1ª, de 2 de octubre de 2019. Ponente: Francisco Javier Menéndez Estébanez.

La concursada suscribió una póliza de préstamo posteriormente garantizado por medio de una hipoteca de máximo. Tras la apertura de concurso, aunque no se había producido ninguna disposición de la póliza, la entidad bancaria otorgante del préstamo (Banco Popular) solicita el reconocimiento de un crédito contingente sin cuantía derivado de la mencionada hipoteca de máximo. La audiencia, además de explicar el funcionamiento de la hipoteca de máximo del artículo 153 de la Ley Hipotecaria y de la hipoteca flotante del artículo 153 bis de la Ley Hipotecaria, considera que puesto que no existe crédito dispuesto alguno no cabe reconocimiento del mismo.

La aprobación de las propuestas de convenio con diferentes alternativas de pago a los acreedores en las que una de ellas es especialmente gravosa no implica automáticamente la necesidad de mayoría reforzada del artículo 124 1 b) de la Ley Concursal

Sentencia 513/2019 de la Audiencia Provincial de Pontevedra, Sección 1ª, de 1 de octubre de 2019. Ponente: Manuel Almenar Belenguer.

Se analiza un convenio que proponía dos alternativas (i) una espera de hasta siete años sin quita (para la que, de conformidad con el artículo 124.1 de la Ley Concursal, se necesitaría mayoría reforzada del 65%) y (ii) una quita del 50% de cada deuda con una espera de tres años (para la que bastaría con mayoría simple del 50% del pasivo ordinario). Ésta última alternativa se decía expresamente que era la aplicable en defecto de elección. Consta una adhesión del 59,06% del pasivo ordinario. El juez del concurso desestima la aprobación de la propuesta entendiendo que era aplicable la mayoría reforzada que no se había alcanzado.

La audiencia estima el recurso de la concursada y considera aprobada la propuesta en sus propios términos. Para ello toma en consideración varias cosas:

  • la propuesta menos gravosa es consistente (y no un mero señuelo para dar cobertura a la propuesta que exige mayoría reforzada o para favorecer a determinados acreedores);
  • la alternativa extraordinaria es viable aunque la mayoría de acreedores optaran por la misma;
  • todos los acreedores tiene la opción real de elegir entre las dos propuestas; y
  • la propuesta menos gravosa es la que se aplica en defecto de elección.

En este escenario, eliminar la alternativa que requeriría mayoría reforzada no beneficia a la concursada, ni a los acreedores, ni va en interés del concurso. De hecho, esta eliminación podría provocar la no adhesión de algunos acreedores que, por los motivos que fueran, prefieren la alternativa que se ha concebido como extraordinaria. Las dudas deben resolverse a favor de la solución que es más favorable a la materialización del convenio.

Para solicitar el incumplimiento del convenio basta un impago aunque su cuantía no sea relevante

Sentencia 425/2019 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 19 de septiembre de 2019. Ponente: Enrique García García.

La Tesorería General de la Seguridad Social solicita la declaración de incumplimiento del convenio por impago del primer plazo de su crédito ordinario pero, en instancia, se deniega porque el incumplimiento no se considera generalizado. También se había incumplido el pago de otros créditos del mismo acreedor (privilegiados y contra la masa) pero no se tienen en cuenta porque no estaban afectados por el convenio.

La audiencia estima el recurso apoyándose en la doctrina del Tribunal Supremo en su sentencia 449/2014. Basta el impago de un crédito que resulte exigible para legitimar la resolución del convenio concursal, siempre que la situación de incumplimiento persistiese al tiempo de ejercitarse la acción. Es indiferente que el incumplimiento sea total o parcial, afecte a todos, a varios o a un solo acreedor. Tampoco importa, como en el caso, que la cifra impagada no fuera relevante.

No cabe establecer en el plan de liquidación que la falta de oposición al mismo por el acreedor privilegiado equivale a su consentimiento a los efectos del artículo 155.4 de la Ley Concursal

Sentencia 1076/2019 de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª, de 26 de julio de 2019. Ponente: Beatriz Ballesteros Palazón.

Se impugna, por parte del acreedor hipotecario, la venta directa de un activo inmobiliario gravado por una hipoteca: (i) por haberse realizado incumpliendo lo establecido en el plan respecto del modo, plazo e importe de la venta pero, fundamentalmente, (ii) por considerarse incumplido el artículo 155.4 de la Ley Concursal puesto que no se solicitó el consentimiento expreso del acreedor con privilegio especial.

La Audiencia Provincial de Valencia establece que no puede entenderse que el acreedor ha dado su consentimiento por el hecho de que el plan de liquidación aprobara la venta directa al 60% del valor pactado indicando que la no oposición al plan por parte del acreedor privilegiado equivalía a silencio positivo. El contenido legal del artículo 155.4 de la Ley Concursal es un límite al plan de liquidación que no puede ser eliminado ni menoscabado en perjuicio de los derechos de los acreedores privilegiados. Existe necesidad de consentimiento expreso del acreedor con privilegio especial.

A pesar de la infracción del artículo 155.4 de la Ley Concursal, la audiencia no estima la nulidad instada por la recurrente (la compraventa contiene todos los elementos esenciales del artículo 1261 del Código Civil y el tercero adquirente en un proceso de liquidación que adquiere de quién tiene capacidad y legitimación debe verse protegido respecto a la validez del negocio jurídico, sin perjuicio de que pueda exigir responsabilidades a la administración concursal) pero no se levantan las cargas sobre el inmueble por lo que los derechos del acreedor hipotecario no se verán reducidos por la mencionada venta.

No se reconocen los créditos de los asesores fiscales derivados de la interposición de recursos contra las sanciones de Hacienda por discrepancias en el impuesto de sociedades. Forman parte de la iguala fiscal

Sentencia 340/2019 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 28 de junio de 2019. Ponente: Pedro María Gómez Sánchez.

Se considera parte de la iguala fiscal la presentación de dos recursos por sanciones derivadas de discrepancias en las liquidaciones presentadas por la sociedad en el impuesto de sociedades. La sociedad presentó las liquidaciones con el asesoramiento de la asesoría fiscal que ahora reclama y que, además, en un momento inicial, recomendó a su cliente asumir las discrepancias que derivaron en la sanción.

La Audiencia Provincial de Madrid considera que los recursos no hubieran sido necesarios de haber actuado la asesoría de manera diligente y que, por tanto, esas gestiones deben considerarse parte de la iguala. No cabe, por tanto, reconocer el correspondiente importe como crédito contra la masa cuando no contaba con la autorización específica del gasto por la administración concursal.

No se rescinden los pagos hechos por la sociedad a su administrador único por importes que éste había adelantado: se considera sacrificio patrimonial justificado.

Sentencia 301/2019 de la Audiencia Provincial de Ávila, de 27 de junio de 2019. Ponente: Antonio Narciso Dueñas Campo.

La Audiencia Provincial de Álava no considera rescindibles, en el caso, los pagos hechos por la sociedad a su administrador único para saldar importes que el administrador iba adelantando a la sociedad cuando ésta tenía dificultades de liquidez o tesorería. La audiencia considera que se trataba de una operativa admitida por las dos partes y que cuando el administrador ingresaba los correspondientes se convertía en acreedor con un crédito líquido vencido y exigible que cobraba cuando la sociedad tenía fondos suficientes.

Esta sentencia nos parece interesante porque, en general, estos pagos suelen considerarse rescindibles. Sin embargo, en el caso, la audiencia considera que se trató de pagos para atender deudas líquidas, vencidas y exigibles por lo que el sacrificio patrimonial no era injustificado. Además, argumenta que en el momento en que los realizó la sociedad no estaba en situación de insolvencia.

Obligatoriedad de demandar al deudor y al hipotecante no deudor en un procedimiento de ejecución hipotecaria sobre una finca propiedad del hipotecante no deudor

Auto 77/2019 de la Audiencia Provincial de Vizcaya, Sección 5ª, de 26 de junio de 2019. Ponente: Magdalena García Larragán.

En el contexto de la ejecución de una finca hipotecada por hipotecante no deudor, la Audiencia Provincial de Vizcaya recuerda que, de acuerdo con el artículo 685 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la demanda ejecutiva deberá dirigirse frente al deudor y, en su caso, frente al hipotecante no deudor o frente al tercer poseedor de los bienes hipotecados siempre que este último hubiese acreditado al acreedor la adquisición de dichos bienes. El "en su caso", no es opcional, quiere decir si además existieran estos en el supuesto dado, también ha de dirigirse contra el hipotecante no deudor, y ello porque lo dice la ley, sin dejar opción a la parte demandante.

Es el deudor prestatario quien puede alegar, porque le atañe a él y es quien lo conoce por haber concertado el contrato que garantiza la hipoteca (y no el tercer poseedor que no contrata ni el préstamo ni la hipoteca), si el saldo por el que se ejecuta como principal es debido, si lo es la cantidad reclamada por intereses o, si en general, se cumplen las condiciones que contrató y de las que nació la deuda en la cantidad por la que se pide la ejecución; y es a quien debe hacerse el preceptivo requerimiento de pago extrajudicial porque es quien entonces, o a lo largo del procedimiento, debe y puede pagar la deuda. Una cosa es que el acreedor pueda reclamar el pago ejecutando la garantía hipotecaria si no se cubre aquel y otra que el procedimiento solo tenga por objeto la subasta del bien hipotecado, pues cualquier otra forma de pago por quien lo debe también puede darse en el mismo.

No cabe usar la vía de la enajenación por entidad especializada para soslayar los derechos del acreedor privilegiado conforme al artículo 155 de la Ley Concursal. Los costes incurridos por la intervención de entidad especializada se pagan con cargo a la masa cuando así lo indique el plan

Auto 233/2019 de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª, de 19 de junio de 2019. Ponente: Luis Seller Roca Roca de Togores.

La Audiencia Provincial de Valencia resuelve sobre un recurso de apelación interpuesto por SAREB contra un auto que aprobaba el plan de liquidación en el que se establecía la venta de un activo gravado con garantía real mediante entidad especializada. SAREB solicitó en su recurso que se reconociera el carácter imperativo del artículo 155.4 de la Ley Concursal y, además, que la administración concursal asumiera los costes incurridos por la intervención de entidad especializada para la enajenación de los bienes.

La audiencia declara:

  • Que el artículo 155 de la Ley Concursal tiene carácter imperativo de modo que la eventual aprobación de un plan de liquidación que prevea la dación en pago o la enajenación mediante entidad especializada no puede soslayar los derechos del acreedor hipotecario reconocidos ex lege en dicho artículo. El plan de liquidación puede prever una forma especial de realización o enajenación de los activos del deudor, alternativa o complementaria pero no puede soslayar los derechos del acreedor hipotecario en el concurso regulados legalmente, en este caso, en el artículo 155 de la Ley Concursal.
  • Por otro lado, en relación con los gastos incurridos por la intervención de entidad especializada para la enajenación de los bienes, la audiencia considera que la norma del artículo 149.1 1º de la Ley Concursal que establece que el pago de los honorarios de la entidad especializada han de detraerse de los honorarios de la administración concursal solo es aplicable (a) a ventas de unidades productivas y (b), de modo supletorio, cuando nada se haya indicado al respecto. En el caso, considera que tales costes habrán de abonarse con cargo a la masa e incluso considera que sería posible la imputación de dichos costes de realización al adquirente del bien en virtud de la libertad de pacto.
  • Este mismo criterio se aplicaría al supuesto en el que en el adquirente confluya también la condición de acreedor con privilegio especial.
Puede concluirse el concurso por la vía del artículo 176.1.4º de la Ley Concursal una vez abierta la liquidación. De esa manera se evita la extinción de la personalidad jurídica

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid de 17 de junio de 2019. Rec. 735/2019 Ponente: Francisco Javier Vaquer Martín.

Iniciada liquidación concursal con suficiencia de bienes para atender a todos los créditos conta la masa y parte de los concursales, es admisible que el concurso concluya por la satisfacción a los acreedores por cualquier medio (artículo 176.1.4º de la Ley Concursal) en lugar de por finalización de las operaciones de liquidación (artículo 176.1.2º de la Ley Concursal).

En concreto, dice el magistrado que: "Por iguales razones resulta admisible que si consecuencia de las propias actuaciones liquidativas [-en su natural resultado dinámico-], se produce en cualquier momento de la misma la suficiencia de masa para atender la totalidad de los créditos contra la masa, de los concursales reconocidos, así como de los intereses sin garantía real cuya suspensión produjo la declaración concursal [art. 59.2 L.Co.], la causa de la conclusión alegada por la administración concursal no deber ser la finalización de las operaciones liquidativas sino el pago o la consignación de la totalidad de los créditos reconocidos; con la útil, beneficiosa y deseada consecuencia de que la personalidad jurídica, de obrar y procesal de la concursada continuará al no resultar aplicable el efecto extintivo dispuesto en el art. 178.3 L.Co.; siendo hecho discutido entre los distintos Registros Mercantiles y tribunales si en tales casos resulta admisible la causa de reactivación de la sociedad disuelta a que se refiere el art. 370 LSC por causa legal de liquidación concursal a que se refiere el art. 145.3 L.Co., que mayoritariamente viene siendo aceptada."

La coordinación de concursos implica que en la rendición de cuentas de una sociedad pueden traerse a colación actuaciones del otro concurso. Sin embargo, el acreedor que lo es en los dos concursos no puede solicitar que se le abone con preferencia un crédito en un concurso que corresponde al otro concurso en coordinación, aunque sea un crédito hipotecario (que en el caso constaba reconocido como ordinario)

Sentencia 443/2019 de la Audiencia Provincial de Álava, Sección 1ª, de 5 de junio de 2019. Ponente: David Losada Durán.

En el seno de una tramitación coordinada de los concursos de las sociedades Calzados Charo Duarte, S.L. ("Calzados Charo") y Calzados Valentino, S.L. ("Calzados Valentino"), tras la aprobación del plan de liquidación de ésta última, se realiza la subasta sobre un inmueble sobre el que pesaban dos cargas hipotecarias: una hipoteca de primer rango por préstamo garantizado por Calzados Valentino en favor de Kutxabank, S.A. ("Kutxabank") y una hipoteca de segundo rango otorgada por Calzados Charo en favor, igualmente, de Kutxabank, reconocido en el concurso con la calificación de ordinario.

Con la subasta de dicho inmueble se vio satisfecho el crédito garantizado con la primera hipoteca y, el sobrante, se aplicó al pago de un crédito contra la masa de Calzados Valentino. En este contexto, la administración concursal presentó informe de rendición de cuentas en el concurso de Calzados Charo, frente a la que Kutxabank presentó impugnación a través de la vía del incidente concursal. La entidad bancaria alegaba que, tras la subasta, siendo Kutxabank titular de un crédito con privilegio especial por la hipoteca de segundo rango en el concurso de Calzados Charo y, pese a existir sobrante después del pago de la hipoteca que tenía rango preferente, la administración concursal no había aplicado dicho sobrante a su crédito.

En este contexto, la audiencia considera que la coordinación del artículo 25.ter 1 de la Ley Concursal habilita a la recurrente a traer a colación actuaciones del concurso de Calzados Valentino en la rendición de cuentas en el concurso de Calzados Charo. No obstante, las masas no se consolidan y Kutxabank no puede pretender que se aplique el artículo 155.3 de la Ley Concursal cuando ella misma comunicó su crédito en el concurso de Calzados Charo como ordinario. La alteración del orden de preferencia en el pago de los créditos de la concursada solo tiene lugar respecto de los créditos con privilegio especial concurrentes. Además, en el caso, Kutxabank consintió que al finca saliera a subasta en el concurso de Calzados Valentino sin minoración del importe correspondiente al crédito hipotecario de la masa de Calzados Charo y consintió la cancelación de la carga hipotecaria en trámite de aprobación del remate.

Se da la circunstancia de que en el plan de liquidación de Calzados Valentino se indicaba que el crédito derivado del préstamo concertado por Calzados Charo sobre el inmueble propiedad de Calzados Valentino era privilegiado, pero la audiencia considera que el plan de liquidación de una concursada no puede modificar la calificación del crédito de otra. Además, supone una extralimitación objetiva porque en el concurso de Calzados Valentino no puede pagarse un crédito de Calzados Charo no concurriendo un supuesto de consolidación de masas.

Se mantiene el privilegio especial aunque el acreedor pase después, vía adquisición de otra sociedad, a ser socio indirecto de la concursada

Sentencia 277/2019 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 31 de mayo de 2019, Rec. 826/2018. Ponente: Alberto Arribas Hernández.

La adquisición como cesionaria de unos créditos no altera su carácter subordinado si lo eran en origen por pertenecer a persona especialmente relacionada. En cambio, se mantiene la calificación del crédito como privilegiado especial por haber nacido antes de que la sociedad acreedora tomara una participación indirecta en la concursada a través de la adquisición del 100% de otra empresa.

Rescisión por el artículo 1300 del Código Civil de una dación en pago realizada en fase de convenio. Reconocimiento al subadquirente de la protección del artículo 43 de la Ley Hipotecaria

Sentencia 688/2019 de la Audiencia Provincial de Alicante Sección 8ª, de 27 de mayo de 2019. Ponente: Enrique García Chamón Cervera.

La Audiencia Provincial de Alicante resuelve un recurso de apelación en el seno del concurso de San José Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A. ("San José") por dos daciones en pago de inmuebles realizadas en favor de Imperium Urbanitas, S.A. ("Imperium"), también en concurso, que luego los había vendido a un tercero, Moorstyle España, S.L.U. ("Moorstyle").

Sobre la primera finca objeto de dación en pago, la audiencia considera que sí procede la acción de reintegración, fundamentada en la presunción iuris tantum del artículo 71.3.1º de la Ley Concursal puesto que : (i) el acto dispositivo se realizó cuando la concursada se encontraba en una situación de probable insolvencia (el concurso se declaró cinco meses después) y (ii) es un acto dispositivo a título oneroso realizado a favor de Imperium, entidad especialmente realizada con San José (sus créditos se reconocieron como subordinados en el concurso y los órganos de administración de ambas sociedades estaban compuestos por miembros de la misma familia).

Sin embargo, la segunda finca que fue dada en pago no puede ser objeto de la acción rescisoria del artículo 71.1 de la Ley Concursal, puesto que la dación se realizó durante la fase de cumplimiento de convenio, tres meses antes de la apertura de la fase de liquidación. Sin embargo, sí puede ser objeto de acción de nulidad por ilicitud de la causa del artículo 1300 del Código Civil, en relación con el artículo 1275 del mismo texto, porque el propósito común de las dos partes era defraudar a los acreedores. La operación se hizo menos de tres meses antes de la apertura de la fase de liquidación por imposibilidad de cumplir el convenio y en favor de un acreedor que, por su condición de persona especialmente relacionada, difícilmente vería satisfecho su crédito en el concurso.

Pese a lo anterior, al subadquirente Moorstyle sí se le mantiene en su adquisición por considerarse beneficiario de la protección del artículo 34 de la Ley Hipotecaria. Adquirió de quien figuraba como titular pleno en el registro, por un precio razonable y con la necesaria diligencia. Por tanto, la adquisición de Moorstyle resulta eficaz, a pesar de que se rescinda el título en favor de Imperium, entidad de quien la adquirió.

En consecuencia de todo lo anterior, se condena a Imperium a la reintegración a la masa activa del valor de las fincas y se rehabilita su crédito con carácter subordinado, por ser entidad especialmente relacionada con San José y haberse apreciado mala fe.

Juzgados de lo Mercantil

Concepto concursal de unidad productiva

Auto 346/2019 del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Sevilla, de 29 de octubre de 2019. Ponente: Pedro Márquez Rubio.

Se solicita al juzgado autorización para la venta, en fase común de una unidad productiva compuesta por los inmuebles titularidad de la concursada en determinado término municipal.

La concursada se opone alegando, entre otras cosas, que lo que se pretende vender no es una unidad productiva. El juzgado, por tanto, analiza el concepto de unidad productiva en sede concursal. Dado que la Ley Concursal no define qué es la misma, normalmente se acude a la concepción de unidad productiva del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores en materia de sucesión de empresa y que entiende la unidad productiva como un conjunto organizado de medios materiales y personales. En el caso, se alega que la ausencia de trabajadores impide entender que estamos ante una unidad productiva, pero la sentencia razona que, si bien es lógico que un concepto tomado de la legislación laboral que pretende proteger los derechos de los trabajadores entienda indispensable que la unidad productiva haya de contar con elementos personales, hay que ver si esto es así en la Ley Concursal, la cual califica como unidades productivas los establecimientos y las explotaciones. Así, sobre la base del concepto de unidad productiva de la Ley de Modificaciones Estructurales, el juez cita dos sentencias del Tribunal Supremo (796/2012 de 3 de enero de 2013 y 682/2016 de 21 de noviembre) que indican que "con carácter general resulta difícil precisar qué debe entenderse por “unidad económica”, pues no necesariamente tendría que tener, previamente, vida propia, ni tiene por qué coincidir con una empresa, unidad productiva, establecimiento o negocio, de modo que podría ser meramente funcional". Deduce que lo relevante para considerar que nos encontramos ante una unidad productiva susceptible de ser transmitida en sede concursal es su funcionalidad, es decir, su capacidad para producir bienes o prestar servicios. Es más, dice la sentencia que "esta funcionalidad, además, puede no estar presente en el momento de la transmisión, ya que la Ley Concursal no lo exige de forma expresa y la jurisprudencia laboral considera que existe sucesión incluso en los supuestos de reanudación de la actividad. Si será preciso que lo que se transmite haya funcionado como tal en el pasado y que vaya a funcionar en el futuro de forma estable (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2 de diciembre de 1999), aunque no es preciso que lo haga ilimitadamente (Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 213 de junio de 2019)." Por tanto, el que no tenga trabajadores no es óbice para considerar que estamos ante una unidad productiva.

En el caso, se deniega la autorización de venta por otros motivos, en concreto que la oferta implicaba la resolución de un contrato de explotación de los inmuebles celebrado entre la concursada y un tercero cuyo coste no se había tenido en cuenta. Hasta conocerlo, no es posible saber si la venta resulta de interés para el concurso o no.

No hay responsabilidad de la administración concursal por el impago de un crédito contra la masa que no consta reconocido

Sentencia 214/2019 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de San Sebastián, de 25 de junio de 2019. Ponente: Pedro José Malagón Ruiz.

Se presenta demanda por la que se solicita acción de responsabilidad de la administración concursal de acuerdo al artículo 36.6 de la Ley Concursal alegando que la administración concursal instó la terminación del concurso sin haber atendido a un pago que se debía a la actora.

Se constata que, existiendo controversia sobre el importe de dicho crédito, éste no fue reconocido por la administración concursal (como prueban los informes trimestrales aportados) ni reclamado con carácter previo a la conclusión del concurso por la vía del artículo 84.3 de la Ley Concursal pese a que habían pasado más de seis meses desde la última comunicación entre las partes, por lo que no es posible aducir la responsabilidad de la administración concursal que no puede ser responsable del impago de un crédito no reconocido. El acreedor debería haber utilizado los medios de los que dispone en la fase de concurso para reclamar la existencia de los créditos y su falta de actuaciones no justificará la solicitud de responsabilidad de la administración concursal una vez concluido el concurso.

Dirección General de los Registros y del Notariado

Se inscribe la disolución de la sociedad acordada en junta en fase de convenio

Resolución de 5 de noviembre de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de bienes muebles y mercantil X de Barcelona a inscribir la disolución de una sociedad (BOE de 27 de noviembre de 2019)

La registradora rechazó la inscripción de los acuerdos de disolución de una sociedad anónima adoptados por la junta conforme a los artículos 363.1 a) y e) de la Ley de Sociedades de Capital (por cese en la actividad y pérdidas) porque constaba inscrita la quiebra de la sociedad y la aprobación de un convenio de acreedores. Consideraba que era necesario inscribir, simultáneamente con la escritura de disolución, las resoluciones judiciales firmes relativas al cumplimiento o incumplimiento del convenio.

La dirección estima el recurso haciendo las siguientes manifestaciones que consideramos de interés:

  • La declaración de concurso no impide a la sociedad realizar modificaciones estatutarias o estructurales compatibles con la finalidad del concurso y, aunque dicha declaración no comporta necesariamente la disolución de la sociedad, es indudable que la junta general pueda acordarla. Así resulta del artículo 145.3 de la Ley Concursal.
  • Durante la fase de ejecución del convenio la sociedad puede disolverse si concurre alguna causa legal o estatutaria (salvo la establecida por perdidas en el artículo 363.1.e) de la Ley de Sociedades de Capital, como resulta de los artículos 365.1, párrafo primero, y 367 de la misma ley, que exime a los administradores de la obligación de promover la disolución si se insta el concurso). También en la misma fase puede disolverse la sociedad porque así lo acuerde la mayoría de los socios ex artículo 368. Esta disolución y la liquidación societaria no afectan al concurso y deberá seguir cumpliéndose el convenio.

Se apoya, además, en la sentencia 590/2013 de 15 de octubre de 2013 del Tribunal Supremo.

Sociedad en fase de liquidación concursal. No se inscribe la escritura de adjudicación tras subasta notarial si en los anuncios no se indicó correctamente el término municipal en que se encontraba la finca 

Resolución de 2 de octubre de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Móstoles n.º 3 a inscribir una escritura de adjudicación de finca en subasta notarial (BOE de 14 de noviembre de 2019).

La resolución se refiere a la venta en subasta notarial de una finca de una sociedad concursada en fase de liquidación. El notario, al convocar la subasta, indicó mal en los anuncios el término municipal donde estaba el inmueble (hizo referencia a otro colindante). El resto de datos identificativos eran correctos y, según el notario, permitían identificar la finca.

La registradora suspende inscripción y la dirección confirma su criterio: "Cuando se tramita un procedimiento de subasta para la enajenación de bienes en el marco de un procedimiento concursal concurren una serie de intereses que han de ser objeto de tutela y protección, y que van más allá del de los otorgantes de la escritura de venta que finalmente formaliza la enajenación. Tanto el deudor concursado como los acreedores que están integrados en la masa pasiva persiguen que los bienes se vendan por el mayor precio posible, para que así sea posible satisfacer los créditos que han determinado la situación de insolvencia.

Es evidente que la correcta identificación de los bienes ofrecidos en subasta permitirá que puedan concurrir a la puja todas las personas que hipotéticamente tienen interés en adquirir ese tipo de finca. Indudablemente, cuando alguien consulta el portal de subastas utiliza como elemento de búsqueda de inmuebles el de su localización. Si una finca aparece en el anuncio como radicante en un municipio distinto de aquel respecto del que el eventual postor está realizando la búsqueda, el resto de los datos de identificación de la finca probablemente ni siquiera serán ya consultados. Si alguien está interesado en adquirir inmuebles en Serranillos del Valle difícilmente concurrirá a una subasta de bienes que se anuncian como radicantes en Griñón
."

El auto por que reconoce el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho no es título suficiente, por sí mismo, para solicitar cancelación de una hipoteca otorgada por tercero

Resolución de 20 de septiembre de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Barcelona n.º 6 a cancelar una inscripción de hipoteca (BOE de 13 de noviembre de 2019)

Esta resolución se hace eco de las dudas que existen sobre si el reconocimiento del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho constituye una causa de extinción de obligaciones. Un sector doctrinal entiende que el beneficio de exoneración no produce una verdadera extinción de los créditos afectados, sino tan solo los hace inexigibles frente al deudor favorecido por esta medida. Conforme a esta línea interpretativa, el acreedor pueda seguir dirigiéndose frente a los fiadores o deudores solidarios. Pero también existe otra postura doctrinal que sostiene que ha de diferenciarse entre los dos tipos de exoneración que recoge el 178 bis de la Ley Concursal, entendiendo que la exoneración definitiva que regula el apartado 3.4.º sí que extingue de manera absoluta la deuda, provocando por aplicación del artículo 1847 del Código Civil la correspondiente extinción de la fianza, siendo solamente aplicable la no extensión del beneficio de exoneración respecto de los fiadores, avalistas y deudores solidarios a los casos del apartado 3.5.º del citado artículo.

La dirección decide desestimar el recurso. Habida cuenta de las dudas existentes considera que es necesario un pronunciamiento expreso del juez que acuerde el beneficio sobre los efectos frente a la hipotecante no deudora. Además, de conformidad con el artículo 82 de la Ley Hipotecaria, es imprescindible el otorgamiento de escritura pública en la que el acreedor titular registral preste su consentimiento al efecto, o una resolución judicial firme que haya sido dictada en procedimiento seguido contra dicho acreedor, circunstancias que no se acreditaron en el caso.

Liquidación concursal. No se inscribe el decreto de adjudicación y de cancelación de cargas firmado por el letrado de la Administración de Justicia

Resolución de 18 de septiembre de 2019, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Zaragoza n.º 9 a practicar la inscripción de un decreto de adjudicación y mandamiento de cancelación de cargas dictados en la fase de liquidación del concurso de la titular registral de la misma (BOE de 8 noviembre de 2019)

Respecto a la adjudicación, el artículo 149.5 de la Ley Concursal dice que el remate se aprueba mediante auto y solo los jueces pueden dictar autos. Esta misma conclusión la confirma la competencia exclusiva que para ejecuciones establece el artículo 8.3º de la Ley Concursal.

En relación con el mandamiento de cancelación de cargas corresponde al juez porque así lo dice expresamente el artículo 149.5 de la Ley Concursal.

 

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Estas no son TODAS las sentencias en materia concursal publicadas este mes sino una selección de las que, en criterio del equipo concursal de Ashurst, se consideran más relevantes.

 

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