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Julio y Agosto 2018

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Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo confirma que también existe grupo cuando dos sociedades están controladas por la misma persona física 

Sentencia 437/2018 del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 11 de julio de 2018. Ponente: Rafael Saraza Jimena.

En esta sentencia el Tribunal Supremo confirma su doctrina expuesta en la previa sentencia 190/2017 de 15 de marzo sobre la existencia de grupo a efectos concursales tanto cuando el control lo ejerce una sociedad como cuando lo ejerce una persona física.

En el caso, se trataba de analizar la posible rescisión de unas compraventas de vehículos realizadas, antes de la solicitud de concurso, entre la sociedad después concursada y otra sociedad, estando ambas participadas al 99% por la misma persona física. La consideración como grupo tenía relevancia de cara a la aplicación de la presunción de perjuicio del artículo 71.3.1 de la Ley Concursal e, indirectamente, de cara a la calificación del crédito.

El Tribunal Supremo recuerda que no es necesario para apreciar control a efectos concursales que las dos sociedades tengan entre sí una relación de jerarquía, sino que cabe que ambas sean filiales o dominadas. Estos casos siguen siendo supuestos de control societario del artículo 42 del Código de Comercio (a las que se remite la disposición adicional sexta de la Ley Concursal) y no situaciones de grupo horizontal o paritario (que están excluidos del concepto de grupo concursal). Además, si existe control, en el sentido definido en el artículo 42.1 del Código de Comercio, para que exista un grupo societario a efectos de la Ley Concursal es indiferente que en la cúspide del grupo se encuentre una sociedad mercantil (que tendría la obligación contable de formular cuentas anuales e informe de gestión consolidados) o algún otro sujeto (persona física, fundación, etc.) que no tenga esas obligaciones contables.

Por todo lo anterior, el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación frente a las sentencias de instancia que habían acordado la rescisión de las compraventas y la subordinación del crédito de la sociedad compradora.

El derecho de veto sobre determinados acuerdos otorgado al socio minoritario en un pacto parasocial no equivale a control, a los efectos de apreciar la existencia de grupo concursal

Sentencia 431/2018 del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 10 de julio de 2018. Ponente: Ignacio Sancho Gargallo.

Servicios Inmobiliarios Trecam, S.L. (en adelante, "Trecam") era una sociedad participada en un 69,95% por Grupo Inmobiliario Tremón, S.A. (en adelante, "Tremón") y en un 30,05% por Tenedora de Inversiones y Participaciones, S.L. (en adelante, "TIP"). TIP estaba participada en un 100% por Caja de Ahorros del Mediterráneo (en adelante, "CAM"). CAM participaba a su vez en un 100% en Mediterranean Cam International Homes, S.L. (en adelante, "Mediterranean Cam").

Los accionistas de Trecam firmaron un acuerdo entre socios relativo a la gestión de Trecam conforme al cual, para la adopción de determinados acuerdos en la junta general de socios se requería una mayoría reforzada que, en la práctica, exigía contar con el visto bueno de TIP. Además, el voto favorable del consejero nombrado por TIP era necesario para que Trecam dispusiese activos o se obligase por encima de cierta cifra. 

Tras la declaración de concurso de Trecam, la socia de TIP, Mediterranean Cam comunica un crédito de 17.538.170,72 euros derivados de cuotas o plazos de compraventas inmobiliarias con precio aplazado y sujetas a condición resolutoria inscrita en el Registro de la Propiedad, solicitando su reconocimiento como crédito con privilegio especial del artículo 90.1.4º LC. Sin embargo, la administración concursal lo clasifica como subordinado por considerar a Mediterranean Cam como persona especialmente relacionada con Trecam por formar parte de su grupo.

El debate llega hasta el Tribunal Supremo quien recuerda que para la definición de grupo concursal, se ha de atender al control directo o indirecto. En el caso, no se dan ninguno de los supuestos que permiten presumir que CAM tenía el control de Trecam mediante su participación en TIP. TIP solo poseía un 30,05% de los derechos de voto en la concursada y el consejero delegado era el administrador del otro socio, titular del 69,05% de las participaciones.

El Tribunal Supremo admite que la relación de situaciones contenida en el artículo 42.1 del Código de Comercio es ejemplificativa y no agota los supuestos de control y que puede existir control indirecto mediante la adquisición de derechos o la concertación de contratos que confieran a la parte dominante la decisión sobre la política financiera, comercial y el proceso decisorio. Pero las facultades a favor de TIP que se habían incluido en el acuerdo entre socios de Trecam no se consideran lo suficientemente relevantes como para integrar a la concursada Trecam en el grupo de CAM: "Lo que había convenido eran una serie de salvaguardas o cautelas, que consistían en requerir su consentimiento para la adopción de determinados acuerdos en la junta general y para realizar actos de disposición o contraer obligaciones (…). Estas cautelas, más que un control de la concursada, que correspondía a Tremón, constituían una prevención frente a actuaciones que pudieran perjudicar la inversión realizada".

Cambio de criterio de la Sala de Conflictos de Jurisdicción. La Agencia Tributaria puede derivar responsabilidad tributaria a los responsables subsidiarios antes de la finalización del concurso

Sentencia 2/2018 del Tribunal Supremo, Sala de Conflictos de Jurisdicción, de 21 de marzo de 2018. Ponente: Ángel Ramón Arozamena Laso.
 

La Sala de Conflictos reconoce la competencia de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria ("AEAT") para acordar la derivación de la responsabilidad tributaria de una sociedad concursada a quien era su administrador sin necesidad de esperar a la conclusión del procedimiento concursal.

Si bien la doctrina más reciente señalaba que, por la propia naturaleza, objeto y finalidad del proceso concursal, la declaración de responsabilidad tributaria subsidiaria solo podía efectuarse una vez finalizado el proceso concursal (ya que era requisito necesario la previa declaración de fallido del obligado principal) en este caso la sala decide cambiar de criterio y regresar a la tesis inicial, concluyendo que es competencia de la AEAT la tramitación del procedimiento de responsabilidad tributaria subsidiaria (en el caso del administrador de la sociedad concursada, que es en ese momento administrador concursal) y aceptando la compatibilidad de dicha declaración con la pendencia de un proceso concursal, es decir, sin necesidad de esperar a su conclusión.

Audiencias Provinciales

Condena a los administradores a la cobertura del déficit por retraso en la presentación del concurso: deben excluirse los pasivos que se hubieran producido en todo caso

Sentencia 339/2018 de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 22 de mayo de 2018. Ponente: Jose María Ribelles Arellano.

Se califica el concurso de Instituto Geriátrico Fénix, S.L como culpable por varios motivos, entre ellos el incumplimiento del deber legal de solicitar el concurso (art. 165.1º de la Ley Concursal), imponiéndose a los dos administradores solidarios la cobertura del déficit que se equipara a todos los créditos nacidos con posterioridad a la fecha en la que se fija la insolvencia.

Uno de los administradores condenados impugna esa condena considerando que debían excluirse del cómputo ciertos pasivos.

La sala da la razón al recurrente considerando que no puede identificarse el déficit concursal derivado de la agravación de la insolvencia con el importe de todo el pasivo surgido tras la fecha en la que se manifestó la insolvencia. Pueden haber créditos vencidos con posterioridad a la fecha en que debió solicitarse el concurso que se hubieran generado igualmente aunque se hubiera solicitado el concurso en el momento oportuno, y de mismo modo pueden haberse contraído obligaciones después de esa fecha que hayan redundado en provecho de la sociedad. Lo procedente es cuantificar el importe de la condena en la propia sentencia, evitando, en la medida de lo posible, la liquidación en fase de ejecución.

Como consecuencia de lo anterior, la sala considera apropiado deducir del importe impuesto a los administradores los créditos derivados de los contratos firmados con las entidades financieras y los pasivos laborales derivados de expedientes de regulación de empleo que se tramitaron antes de que se manifestara la insolvencia. Finalmente se practica una reducción extra del 25% de la cantidad resultante como estimación del resto de obligaciones posteriores a la declaración de concurso que se entiende no agravaron la situación de la sociedad.

Prenda de créditos futuros. La prenda de cuenta solo alcanza el saldo en la fecha de declaración de concurso si no hay prohibición de disponer. Los "contratos del proyecto" cuyos créditos se pignoran están suficientemente determinados aunque necesiten de información adicional

Sentencia 428/2018 de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª, de 16 de mayo de 2018. Ponente: Luis Seller Roca de Togores.

Resolución sobre la calificación del crédito garantizado con dos prendas sobre derechos de crédito futuros, en concreto sobre las cuentas corrientes del proyecto, los créditos derivados de los contratos del proyecto y las indemnizaciones de ciertos contratos de seguro.

La Audiencia Provincial de Valencia determina que tras la modificación del artículo 90.1.6º de la Ley Concursal por Ley 40/2015 está claro, como bien resume la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2017 que "los créditos garantizados con una prenda de créditos futuros no existentes en el momento de declararse el concurso, pero que derivaban de relaciones jurídicas existentes antes de la declaración de concurso, han de considerarse resistentes a este y otorgan a tales créditos la calificación de créditos con privilegio especial, aunque el crédito pignorado haya nacido tras la declaración de concurso".

Lo que se discute en el caso es el alcance en relación a los saldos de las cuentas pignoradas y la posible indeterminación de los contratos sobre los que se extiende la garantía. Al respecto de estos dos puntos se ha pronunciado ya la Audiencia Provincial de Madrid en sentencias de 16 de junio de 2017 y 1 de diciembre de 2017 que la sala cita para concluir:

  • En relación con la determinación del negocio jurídico del que deriva el crédito futuro: Que los contratos de los que derivan los créditos pignorados (las cuentas y contratos del proyecto y los seguros) fueron suscritos con anterioridad a la declaración del concurso, sin perjuicio de las prórrogas anuales de los contratos de seguro. Su identificación "se ha realizado conforme a lo previsto en el contrato de crédito, sin que haya supuesto ninguna dificultad la cumplimentación de los oficios por parte de aquellos destinatarios a quienes se remitieron y han contestado en plazo". Conforme a la sentencia del Tribunal Supremo de 13 de marzo de 2017, el negocio jurídico determina "con suficiente precisión los caracteres de identificación de los créditos pignorados, de modo que pueden identificarse las relaciones jurídicas y contratos de los que nacerán los créditos futuros pignorados, sin necesidad de realizar ningún acto complementario por parte del pignorante ni del acreedor pignoraticio". La Audiencia Provincial considera que el hecho de que para la identificación de los contratos generadores de los créditos futuros dados en garantía, sea preciso el suministro de información por la acreditada o terceros (ya que no están a disposición del acreedor) no pugna con lo anterior.
  • En relación con el alcance de la prenda sobre cuenta corriente: La sala cita su propia sentencia de 14 de mayo de 2018 y aplicando la doctrina derivada de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 10 noviembre de 2016 considera que "la garantía no podrá extenderse al incremento del saldo experimentado por las cuentas tras la declaración de concurso, dado que no consta en el expediente remitido a este Tribunal - ni se ha hecho referencia a esta cuestión - que sobre la concursada pesara prohibición de disposición de los fondos después de su ingreso en las cuentas identificadas en la presente litis."

Venta de inmueble hipotecado por precio inferior al mínimo garantizado: no procede su nulidad por falta del consentimiento del acreedor hipotecario si éste no impugnó el plan de liquidación que contemplaba la venta en esos términos

Sentencia 117/2018 de la Audiencia Provincial de Ávila, de 19 de abril de 2018. Ponente: Jesús García García.

La AEAT solicita la nulidad de la escritura de compraventa otorgada sin su consentimiento por la concursada y mediante la cual se transmitieron unas fincas gravadas con hipoteca a su favor por precio inferior al de crédito garantizado.

La Audiencia Provincial de Ávila confirma la sentencia desestimatoria de instancia y argumenta:

  • que la AEAT, como acreedora hipotecaria, pudo y debió hacer valer su derecho en un procedimiento separado de ejecución (artículo 57 de la Ley Concursal);
  • que el plan de liquidación de la concursada se aprobó mediante Auto de 27 de marzo de 2017, sin que la recurrente realizara alegaciones; y
  • que el artículo 155.4 de la Ley Concursal no establece que, autorizada la venta de los bienes con privilegio (en este caso mediante el plan de liquidación), ésta sea nula si la enajenación se realiza sin autorización del acreedor privilegiado.

Juzgados de lo Mercantil

Hipoteca de máximo que garantiza el contrato de suministro a un grupo. En el concurso de la hipotecante solo es privilegiado el crédito derivado de su propia deuda, no de la del resto de las sociedades del grupo

Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 7 de Madrid, de 14 de junio de 2018. Ponente: Juan Carlos Picazo Menéndez. Concurso de Tubos y Hierros Industriales, S.A.

La demandante suscribe un contrato de suministro con un grupo de sociedades, entre las que se encontraba la concursada. Se garantizan las obligaciones derivadas de dicho contrato frente a la demandante mediante, entre otras cosas, una hipoteca de máximo con límite de 300.000 euros sobre una finca propiedad de la concursada. La deuda que la concursada mantenía individualmente con la demandante era de 75.453,16 euros, mientras que la deuda total del grupo ascendía a 875.897 euros.

Se discute la calificación del crédito de la demandante entendiendo que: (i) conforme al art. 153 de la Ley Hipotecaria sólo es privilegiado el importe adeudado por la propia concursada en le fecha de declaración de concurso (75.453,16 euros).(ii) el resto, esto es la deuda del grupo garantizada por la concursada, no es crédito frente a esta, sino un supuesto de garantía a favor de deuda de tercero. Por tanto, no hay crédito alguno, sin perjuicio de la minoración del valor del bien sujeto a la garantía que se haga en el inventario según lo dispuesto en el artículo 82.3 de la Ley Concursal.

Concurrencia de hipotecas sobre un mismo bien: la hipoteca legal tácita es preferente sobre la convencional aunque sea posterior en el tiempo

Sentencia 158/2018 del Juzgado de lo Mercantil n° 2 de Palma de Mallorca, de 5 de abril de 2018. Ponente: María Encarnación González López

Se discute la preferencia en el cobro entre dos créditos con privilegio especial, uno a favor de la AEAT recurrente derivado de una hipoteca legal tácita que garantizaba el pago del IBI y otro derivado de una hipoteca convencional a favor de SAREB. El bien afecto a la garantía se adjudicó a SAREB en ejecución hipotecaria en importe que no cubría su crédito, no existiendo remanente alguno.

El juzgado indica que, si bien en caso de concurrencia de créditos con privilegio especial sobre mismo bien el artículo 155.3.2º de la Ley Concursal determina que los pagos se realizarán, en general, conforme a la prioridad temporal de cada crédito, añade que: "La prioridad para el pago de los créditos con hipoteca legal tácita será la que resulte de la regulación de ésta". De acuerdo con ello, el principio general recogido en el artículo 194 de la Ley Hipotecaria es el de que la hipoteca legal tácita es hipoteca privilegiada que se antepone a las hipotecas inscritas, aunque lo hayan sido con anterioridad al nacimiento del crédito que ampara la hipoteca legal tácita. Por tanto, el juzgado ordena a SAREB que reintegre a la masa activa del concurso la cantidad garantizada con la hipoteca tácita, que ha de destinarse al pago de ésta.

Dirección General de los Registros y del Notariado

Es nula la subasta de una finca, en fase de liquidación concursal, cuando se hace como libre de cargas y en el Registro consta una hipoteca. El registrador puede denegar la cancelación de cargas

Resolución de 20 de julio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa de la registradora de la propiedad de Huete a practicar la cancelación de una inscripción de hipoteca respecto de determinada finca adjudicada como consecuencia de procedimiento concursal.

En un concurso de acreedores en fase de liquidación se subasta una finca. En el decreto de adjudicación se hace constar que la subasta se ajusta al plan de liquidación aprobado judicialmente y que la finca se encontraba libre de cargas. Sin embargo, en el registro constaba una hipoteca. La registradora no accede a cancelar porque entiende que es necesario que conste expresamente que se ha dado conocimiento a los acreedores hipotecarios del plan de liquidación y de las medidas tomadas en relación a la satisfacción de su crédito con privilegio especial.

Se confirma la calificación impugnada: aunque el registrador no puede calificar si era procedente o no la adjudicación, sí debe comprobar que se han preservado los derechos de los acreedores hipotecarios y en el supuesto no consta que el titular hipotecario hubiese tenido participación alguna en el procedimiento.

Se inscribe la venta de finca una vez concluido el concurso aunque la resolución por la que se acuerda la terminación del mismo esté recurrida

Resolución de 4 de julio de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación extendida por la registradora de la propiedad de Madrid n.º 12, por la que se suspende la inscripción de una escritura de compraventa.

En la hoja registral de una finca constaba preventivamente anotado el concurso de la sociedad titular del dominio. Con posterioridad, se presenta una escritura de compraventa adjuntando copia de la resolución que declaraba concluido el concurso. Esta resolución había sido recurrida en apelación, pendiente de su admisión a trámite en la fecha de otorgamiento de la escritura, y, por tanto, no era firme. Por este motivo la registradora rechaza la inscripción de la compraventa apelando a la vigencia de la anotación del concurso.

Sin embargo la Dirección General de los Registros y del Notariado estima el recurso pues considera que la declaración del concurso no constituye una carga específica sobre una finca, sino que únicamente hace pública la situación subjetiva del concursado en cuanto al ejercicio de las facultades de administración y disposición. Pero si el negocio es válido y eficaz, debe inscribirse. Del análisis de la Ley Concursal resulta que el concursado puede proceder a la enajenación de una finca una vez que se dicte la resolución judicial de terminación aunque ésta no sea firme. Por tanto, procede mantener la anotación de concurso, inscribir la compraventa y anotar preventivamente la conclusión del concurso. Eso no implica la concurrencia de situaciones jurídicas contradictorias. Al contrario, la anotación preventiva de la conclusión del concurso informa al actual y futuros adquirentes de la falta de firmeza de la correspondiente resolución y, por ende, del estado claudicante de su derecho.

 

Si desea obtener copia de cualquiera de las sentencias mencionadas por favor solicítelas a su contacto en Ashurst.

Estas no son TODAS las sentencias en materia concursal publicadas este mes sino una selección de las que, en criterio del equipo concursal de Ashurst, se consideran más relevantes.

 
 

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