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Semana del 7 al 13 de febrero 2018

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Tribunal Supremo

No es compensación prohibida la liquidación de saldos en una cuenta corriente de crédito establecida por las partes para la liquidación de obligaciones durante la vigencia de un contrato.

Sentencia 473/2017 del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección 1ª, de 20 de julio de 2017. Ponente: Francisco Javier Orduña Moreno.

Fiat Auto España, S.A. ("Fiat") firmó con Nova Central, S.A. ("Nova") un contrato indefinido de concesión de venta de vehículos y de servicios de preventa y postventa. En virtud del contrato, Fiat suministraba los vehículos y las piezas pero también se obligaba a reembolsar los importes generados por el mantenimiento de los vehículos en garantía, así como incentivos comerciales, rápeles por ventas y otros gastos. Se había pactado que todos los pagos se realizarían al contado pero, en la práctica, ambas partes se giraban facturas para su correspondiente abono a 90 días y en muchos casos se compensaban.

Fiat resolvió el contrato en 1994 y días más tarde Nova presenta solicitud de quiebra. Un año más tarde, Fiat presenta una demanda contra los administradores de Nova ejercitando la acción de responsabilidad societaria por no haber promovido la disolución invocando un crédito de casi un millón de euros de los que la mitad se correspondían con la liquidación del contrato de concesión. La Audiencia Provincial de Barcelona atiende esta petición. Por su parte, la sindicatura de la quiebra de Nova formula demanda contra Fiat por la que solicita que se le condene al pago de 300.000 euros por cantidades debidas en virtud de la relación negocial. Fiat se opone argumentando que el crédito que la sindicatura reclamaba ya había sido tenido en cuenta en la liquidación por la que se había condenado a los administradores de Nova. De nuevo, la Audiencia Provincial da la razón a Fiat y considera que las partes habían pactado, siquiera tácitamente, un sistema de cuenta corriente que quedaba al margen de la prohibición de compensación del artículo 58 de la Ley Concursal (en adelante "LC").

En casación, el Tribunal Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona. No se trata de una compensación propiamente dicha sino de un supuesto de liquidación de una única relación contractual del que han surgido obligaciones para una y otra parte. Estos mecanismos de liquidación contractual, aunque se refieran a créditos de carácter concursal, no son compensaciones a las que sea aplicable el artículo 58 LC (vid. las sentencias del Tribunal Supremo 188/2014 de 15 de abril y 428/2014 de 24 de julio). Aún más cuando, como ocurre en el caso, la liquidación se realiza a través de un sistema de cuenta corriente de crédito establecido entre las partes. En estos casos, el efecto inherente al sinalagma contractual determina que los ingresos que se efectúen en las cuenta compensen automáticamente el saldo deudor generado por el crédito dispuesto.

Audiencias Provinciales

La cesión de un crédito a cambio del 40% de lo que se obtenga en su cobro es perjudicial para la masa activa

Sentencia 551/2017 de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 15 de diciembre de 2017. Ponente: Luis Rodríguez Vega

Se recurre la rescisión de una cesión de créditos realizada por la concursada a favor de otra sociedad poco antes del concurso. El juez del concurso había acordado la rescisión sobre la base del carácter gratuito de la operación, que la cesionaria niega.

El crédito cedido era un crédito litigioso a liquidar en un procedimiento judicial. El precio de la cesión se fijaba en el 40% de lo que determinase la sentencia o, en su caso, el 40% del acuerdo al que se llegara mediante transacción judicial.

La sala reconoce que "la cuestión suscita dudas más que razonables, ya que el precio ha de ser "cierto", mientras que en este caso, el precio viene fijado por una condición futura e incierta, cual es que la sentencia estimara la demanda". Dicho esto, considera que hay que partir del carácter oneroso del contrato "ya que  conforme el art. 1274 CC para que el negocio sea lucrativo, será necesario que su causa sea la mera liberalidad (…) y en este caso, la cesión tenía como contrapartida cobrar el 40% de la cantidad a la que se condenara a la sociedad". En su opinión, aunque el acto no sea gratuito, sí es perjudicial para la masa activa porque supone una "minoración del activo" (un crédito contabilizado por 642.000 euros se cede por el 40% de su importe). La sentencia no entra en consideraciones sobre la probabilidad de cobro de dicha deuda, ni el gasto necesario para obtener el pago. Simplemente confirma que la cesión de un crédito por debajo de su valor en libros "sin justificación alguna" es perjudicial para la masa y, por tanto, objeto de rescisión.

La excepción a la subordinación del art. 92.5 º incluye a personas especialmente relacionadas con el socio

Sentencia 538/2017 de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, de 11 de diciembre de 2017. Ponente: José María Ribelles Arellano.

Esta sentencia aborda la calificación del crédito de un transportista casado con una socia que tenía más del 10% del capital social de la sociedad concursada. El titular del crédito alegaba que era privilegiado general por el articulo 91.3º LC (créditos por trabajo personal no dependiente). No discutía su condición de persona especialmente relacionada ("PER"), pero sí consideraba que le era aplicable la excepción a la subordinación prevista en el artículo 92.5º LC para los créditos "diferentes de los préstamos o actos de análoga finalidad de los que sean titulares los socios". La discusión se centra en determinar si le aplica esta excepción en la medida en que se refiere a créditos "de los que sean titulares los socios" y él no lo era.

La sala, en contra del criterio de la administración concursal y el juez del concurso, entiende que la excepción del artículo 92.5º LC alcanza tanto al socio como a quienes son PER del deudor por su relación con el socio siempre que, como pide el artículo, el crédito no provenga de un préstamo o actos con análoga finalidad. Considera la Audiencia Provincial de Barcelona que esta no es una interpretación extensiva de la excepción sino la única interpretación lógica y que la excepción abarca también a las personas vinculadas con el socio, precisamente por estar sujetos al mismo régimen jurídico y sometidos a un mismo tratamiento. Resulta ilógico que el crédito del socio escape de la subordinación y, por el contrario, el crédito del familiar del socio, persona más alejada de la sociedad, con un interés menor y menos responsabilidad en el devenir económico de la empresa, sí deba ser subordinado.

La rescisión de la compraventa se extiende al tercero que arrendó el inmueble

Sentencia 714/2017 de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección 4ª, de 23 de noviembre de 2017. Ponente: Rafael Fuentes Devesa.

Se recurre la sentencia que estimaba parcialmente la rescisión de la venta de unas fincas entre la sociedad concursada (Ganados San Antonio, S.L., "Ganados") y uno de sus proveedores (Bionutra, S.L.), cuyo precio se compensó con lo que Ganados  debía a su proveedor. El mismo día de la compra, la sociedad que había adquirido las fincas las arrendó a una tercera sociedad (Corcasur, S.L., "Corcasur") por siete años. Los administradores únicos de Ganados (la concursada) y Corcasur eran hermanos y el administrador de Corcasur había trabajado como encargado para Ganados.

La sentencia confirma que la compraventa encubría una dación en pago de toda la explotación de la sociedad luego concursada que implicaba el cese de facto de su actividad y que se debía encuadrar en el art. 71.4 LC. Sin embargo, rechaza la extensión de la reintegración al arrendamiento de las fincas a Corcasur.

La Audiencia no está de acuerdo con esta última consideración. Estima que  Corcasur es el tercero al que se refiere el art. 73.2 LC. Este tercero adquirente del  artículo 73.2 no es la contraparte del acto o negocio impugnado, sino el subadquirente que recibe el bien o derecho de la persona a quien el concursado lo había transmitido. Por tanto, es perfectamente posible que los efectos de la rescisión concursal se extiendan al tercer subadquirente siempre que haya sido demandado y no haya actuado de buena fe (o no reúna los requisitos que hacen su posición irreivindicable o esté amparado por la publicidad registral de acuerdo con los artículos 34 y 38 de la Ley Hipotecaria).

Además, dice la Audiencia, este tercero subadquirente, no tiene por qué ser necesariamente un titular dominical del bien en cuestión, sino que cabe que sea titular de derechos sobre el bien que fue del concursado, como ya lo indicó el Tribunal Supremo en su sentencia de 15 de septiembre de 2015 respecto al acreedor hipotecario. La Audiencia estima que las mismas consideraciones hechas con respecto del acreedor hipotecario se han de aplicar al arrendatario cuando, como en el caso, el arrendamiento de bienes inmuebles puede acceder al Registro de la Propiedad y su prolongada duración tiene un impacto patrimonial importante sobre el activo subyacente dificultando su proceso de realización.

Corcasur no goza de la protección de la buena fe porque sabía que Ganados estaba en situación de insolvencia y que, tras la transmisión, se quedaba sin actividad. El contrato de arrendamiento se declara ineficaz y se condena a Corcasur a devolver a la concursada la posesión de las fincas.

El registrador debe cancelar el embargo que ordena el juez del concurso sin exigir acreditación de haberse notificado el proceso al titular de dicho embargo

Sentencia 339/2017 de la Audiencia Provincial de Albacete, Sección 1ª, de 20 de noviembre de 2017. Ponente: Manuel Mateos Rodríguez.

Este proceso deriva de la decisión de un registrador de la propiedad de no atender un mandamiento de cancelación de embargos remitida por el juez del concurso tras la venta de una finca en fase de liquidación. El registrador se niega por no haberse notificado la cancelación al titular de la anotación. La Dirección General de los Registros y del Notariado ("DGRN") confirmó la postura del registrador pero el Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Albacete revocó la resolución de la DGRN.

La DGRN recurre pero la Audiencia Provincial de Albacete da la razón al juez de primera instancia considerando que la notificación que exigía el registrador no viene impuesta por ley y que el titular del embargo tiene la posibilidad de personarse en un procedimiento concursal tramitado correctamente. El titular conoce del concurso, en primer lugar, por la suspensión del juicio ejecutivo en el que se había decretado el correspondiente embargo (artículo 55.2 LC,) y, en segundo lugar, por la comunicación que la administración concursal debe dirigir a todos los acreedores (artículo 21 LC) y la publicidad del concurso (artículo 21 LC). Por todo esto no es necesaria más notificación.

Cabe la rescisión de garantías de una financiación sindicada respecto a todas las entidades salvo una (la que se opone)

Sentencia 359/2017 de la Audiencia Provincial de Castellón, Sección 3ª, de 13 de noviembre de 2017. Ponente: José Manuel Marco Cos.

La administración concursal de Silvano Lassi, S.L. solicitó la rescisión de las garantías otorgadas a un sindicato de bancos para obtener financiación. Todas las entidades se allanaron menos una (Catalunya Banc, S.A.). El juez de concurso estimó la demanda frente a las allanadas y la desestimó en relación con Catalunya Banc, S.A. La administración concursal recurrió esta desestimación.

La Audiencia Provincial de Castellón confirma la sentencia previa. Es cierto que todas las garantías cuya rescisión se solicitaba estaban estrechamente vinculadas y que la financiación era conjunta. No obstante, si una entidad se opone y las demás se allanan, la acción puede estimarse respecto a todas menos a la que se opuso.

Tribunales Superiores de Justicia

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no admite que el adquiriente de una unidad productiva pueda quedar eximido de las deudas de seguridad sociales de los trabajadores que no se traspasan.

Sentencia 6233/2017 del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1ª, de 18 de octubre de 2017. Ponente: Felipe Soler Ferrer.

Esta sentencia, en sentido contrario a alguna de otros tribunales, considera que el juez del concurso no puede limitar los efectos de la sucesión de empresa al autorizar la venta de la unidad productiva en fase de concurso.

Constituyendo la venta concursal de la unidad productiva una sucesión de empresa del art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, los efectos serán necesariamente los previstos en el artículo 149.4 LC. Considera el tribunal que este artículo implica que la empresa adjudicataria debe hacer frente al pago de todos los créditos salariales o extra salariales, incluso de aquellos que estuvieran pendientes, y respecto de todos los trabajadores, tanto de los cedidos como de los no cedidos. Lo único que el juez del concurso puede excluir es la deuda que sea asumida por el FOGASA.

Juzgados de lo Mercantil

Se desestima la impugnación de la homologación de un acuerdo de refinanciación de la disposición adicional cuarta. Análisis del posible sacrificio desproporcionado y posibilidad de computar en las mayorías el pasivo contingente del garante solidario.

Sentencia 168/2017 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Huesca de 15 de diciembre de 2017. Ponente: Marina Beatriz Rodríguez Baudach.

Esta sentencia resuelve la impugnación de la homologación del acuerdo de refinanciación alcanzado por Proyectsa Security, S.L. y Sallen Seguridad, S.A.U. por un acreedor disidente, Toro Finance, S.L.U.

La magistrada comienza recordando que los motivos de impugnación contra los autos que homologan acuerdos de refinanciación están tasados. Tanto el cumplimiento de los requisitos formales (instrumento público y certificación de auditor) como los requisitos sustantivos susceptibles de examen a priori (contenido del acuerdo a los efectos de su homologabilidad, que el mismo responda a un plan de viabilidad y razonabilidad de éste) ya se analizaron en el auto de homologación y no pueden ser objeto de revisión por esta vía.

Por tanto, analiza únicamente dos alegaciones:

    (i) Imposición de un sacrificio desproporcionado.

Para definir sacrificio desproporcionado la sentencia se remite a las del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Bilbao de 23 de julio de 2015 (refinanciación del Grupo Eroski) y la del Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona de 29 de julio de 2014 (refinanciación del Grupo Petromiralles) asumiendo que: "debe entenderse desproporcionado el sacrificio cuando se trate de forma desigual a acreedores que se encuentren en la misma situación o cuando a acreedores de rango preferente se les impongan proporcionalmente mayores pérdidas que a los de rango inferior".

En el caso, la comparación se realiza entre el contrato suscrito originalmente por Proytecsa Security, S.L., como financiado, y por Sallen Seguridad, S.A.U., como garante, y el contrato que se sometió a homologación. El contrato original establecía tres tramos (A, B y C) y una hipoteca inmobiliaria. La modificación homologada ampliaba la cuantía de la deuda incluida en el tramo B, reducía la del tramo C y constituía una hipoteca mobiliaria sobre patentes y marcas a favor de los acreedores incluidos en los tramos B y C. Toro Finance, S.L.U. solo participaba en el tramo A. La sentencia rechaza sus argumentos. Indica que la disminución de su porcentaje de participación en la hipoteca inmobiliaria inicial es solo el resultado de reajustar las participaciones de las entidades financieras y que, en realidad, el porcentaje no es inferior al que se le reconoció inicialmente. Tampoco es desproporcionado que no se beneficie de la nueva hipoteca mobiliaria porque su tramo ya estaba suficientemente garantizado y porque su posición es idéntica a la de otra entidad financiera (Banco Santander,S.A.) que tenía una deuda muy similar refinanciada y porque, al estar incluido solo en el tramo A, no tenía acceso a la nueva garantía.

    (ii) No concurrencia de los porcentajes exigidos.

Se discute la concurrencia de las mayorías necesarias respecto a Sallen Seguridad, S.A.U. por haberse incluido en el pasivo los acreedores del acuerdo de financiación de Proytecsa Security, S.L. cuando Sallen Seguridad, S.A.U. no era deudora bajo ese contrato sino tan solo garante solidaria.

Este motivo de impugnación también se desestima. La sentencia hace referencia a la del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Sevilla de 24 de octubre de 2016 (refinanciación del Grupo Abengoa) pero considera acreditado que en el caso se sabía ya que Proytecsa Security S.L. no podía cumplir y que varias entidades (incluida la impugnante) estaban valorando el inicio de acciones legales para exigir su deuda a la garante. En su opinión, este hecho implica que ya no existía incertidumbre, ni sobre la cuantía de los créditos, ni sobre su vencimiento, partiendo además de que el garante es solidario desde el inicio y que la inclusión como acreedores de la garante es correcta.

 

Si desea obtener copia de cualquiera de las sentencias mencionadas por favor solicítelas a su contacto en Ashurst.

Estas no son TODAS las sentencias en materia concursal publicadas esta semana sino una selección de las que, en criterio del equipo concursal de Ashurst, se consideran más relevantes.

 

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