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Semana del 31 de enero al 6 de febrero de 2018

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Audiencias Provinciales

Reapertura de la sección de calificación por incumplimiento del convenio: no se analizan todas las posibles causas de culpabilidad, sino solo las que llevaron al incumplimiento del convenio. La no obtención de financiación no es imputable al concursado, especialmente en el actual contexto económico.

Sentencia 481/2017 de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección 15ª, de 20 de noviembre de 2017. Ponente: José María Ribelles Arellano. 

Reapertura de la sección de calificación por incumplimiento del convenio. La concursada, Aires de Montseny, S.L., aprobó en 2011 un convenio en el que se preveía la terminación de un hotel de cara a su explotación. Transcurridos dos años sin que el hotel se concluyera, una serie de acreedores solicitan la declaración de incumplimiento del convenio y consecuente apertura de la liquidación. 

En primera instancia, el juez del concurso, siguiendo la tesis de la administración concursal ("AC"), declaró el concurso culpable entendiendo que se había producido una generación o  agravamiento doloso o con culpa grave de la insolvencia por, entre otros, la incapacidad de la concursada para obtener financiación y la no solicitud de la liquidación cuando fue evidente que no iba a poder cumplir (art. 164.1 de la Ley Concursal). 

Sin embargo, la Audiencia Provincial ("AP") de Barcelona, aplicando la doctrina del Tribunal Supremo sobre la reapertura de la sección de calificación en los casos de incumplimiento o imposibilidad (vid. sentencia del pleno de 13 de abril de 2016), entiende que no es posible calificar el concurso como culpable en virtud de la cláusula general del art. 164.1 de la Ley Concursal. Sólo cabe analizar si la frustración del convenio es imputable al deudor concursado. No es posible entrar a determinar la posible concurrencia del resto de conductas de los arts. 164 y 165 de la Ley Concursal que se analizan en la calificación ordinaria, esto es, fuera de los casos de incumplimiento de convenio.

La AP determina que en un contexto de crisis económica, que la sociedad no obtuviera la financiación necesaria, no justifica la culpabilidad del concurso; máxime cuando la sociedad ha acreditado que llevó a cabo varias gestiones que no tuvieron éxito. Considera la sala que, en realidad, el proyecto se frustró por una circunstancia imprevista: la anulación de la licencia de obras. El retraso en la solicitud de la liquidación tampoco agravó la insolvencia porque los gastos de IBI se hubieran producido en cualquier caso y las tasaciones aportadas demuestran que el inmueble no perdió valor. Finalmente, la falta de contabilidad no ha impedido a la AC conocer las causas que hicieron imposible el cumplimiento del convenio.

Por todo ello, se estima el recurso y se califica el concurso como fortuito.

Juzgados de lo Mercantil

Plan de liquidación de una sociedad cooperativa con establecimiento de una fase de venta directa solicitada por SAREB como acreedor privilegiado. En la subasta el acreedor privilegiado no tiene los mismos derechos que el ejecutante bajo la LEC.

Auto del Juzgado Mercantil n° 1 de Barcelona de 8 de enero de 2018, procedimiento 99/2017. Ponente: Yolanda Ríos López. 

En el concurso de Habitatges Cooperatius Ciutat Vella, S.C.C.L. la AC presentó plan de liquidación con vistas a la realización de la masa activa que incluía un inmueble hipotecado a favor de SAREB. SAREB presentó una serie de observaciones al plan que se referían al establecimiento de un periodo de venta directa en el que las ofertas recibidas fueran aprobadas expresamente por la propia SAREB en tanto acreedor privilegiado. En caso de subasta, pedía que se le aplicasen todos los beneficios que la Ley de Enjuiciamiento Civil contempla para el ejecutante y que la adjudicación, en caso de dación en pago, fuera por el menor de dos valores: la tasación ECO o el privilegio especial. 

El auto aprueba el plan de liquidación refiriéndose expresamente a las propuestas de modificación de SAREB. 

(a) Admite una fase previa de venta directa aunque con algunas puntualizaciones: 

(i) Tal venta no requiere autorización judicial sino que será la AC la que reciba el precio y pague a SAREB. 

(ii) Sólo se requiere autorización judicial si el precio de venta es inferior al 50% del valor del bien.

(iii) En todo caso, el precio mínimo de venta debe ser igual al menor de dos importes: el valor de tasación y el importe del crédito con privilegio especial. 

(b) En relación a la subasta, hace una serie de consideraciones reseñables: 

(i) Niega que SAREB, como acreedor privilegiado, tenga todos los privilegios que la Ley de Enjuiciamiento Civil reconoce al ejecutante. No es lo mismo. El acreedor privilegiado sólo tiene la facultad de ceder el remate a tercero y la de participar en la subasta sin consignar el correspondiente depósito (siempre y cuando solicite el alta como acreedor privilegiado en el portal de subastas del BOE). Nada más.

(ii) De acuerdo con el art 149.5 de la Ley Concursal, la subasta se llevará a cabo sin subsistencia de cargas, destinándose la cantidad que se obtenga por la realización de dicho activo al pago de los créditos hipotecarios (si los hubiere) y, de existir remanente, al pago de los demás créditos, en el orden oportuno. 

(iii) El precio del remate deberá satisfacerse en el plazo de los 40 días hábiles siguientes a la aprobación del remate.

Dirección General de los Registros y del Notariado

Cancelación de hipoteca otorgada por una sociedad concursada. Si el acreedor renuncia a su garantía, la hipoteca se cancela sin que el registrador pueda pedir información sobre el crédito que subsiste y su calificación.

Resolución de 22 de enero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Granada n.º 2 a practicar una cancelación de hipoteca.

En esta resolución, la DGRN insiste en la inscripción automática de los supuestos de renuncia unilateral e indubitada del acreedor hipotecario a su garantía. 

En el caso, la sociedad deudora se encontraba en concurso de acreedores. El acreedor hipotecario era BBVA, S.A. que, tras solicitarlo el concursado, accedió a cancelar totalmente las hipotecas que tenía en garantía de varios préstamos aunque aún quedaban importes pendientes. El registrador rechazó la inscripción porque la escritura no indicaba si la cancelación era gratuita u onerosa y porque no desglosaba las cantidades pendientes a efectos del concurso con mención a su clasificación.

La DGRN estima el recurso contra la calificación registral. Cuando el titular del derecho real de hipoteca no se limita a dar un mero consentimiento para cancelar, sino que dispone unilateralmente de su derecho, estamos ante una renuncia que tiene por sí sola eficacia suficiente para producir la extinción del gravamen. En estos supuestos, son irrelevantes para la cancelación registral las vicisitudes del crédito garantizado, que quedan para las relaciones «inter partes».

Subasta notarial de unidad productiva en fase de liquidación (incluyendo inmueble hipotecado). El registrador debe calificar si la operación es conforme al plan de liquidación y a las reglas concursales supletorias, para lo que puede pedir testimonio del plan. El juez puede realizar modificaciones al plan de liquidación una vez aprobado pero dando audiencia y mediante auto. No es necesaria tasación específica para la subasta salvo ejecución al margen del concurso. Se admite la adjudicación al acreedor hipotecario por el 50% del valor de salida si es la única puja.

Resolución de 18 de enero de 2018, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la negativa del registrador de la propiedad de Getafe n.º 1 a inscribir la transmisión de la unidad productiva efectuada en fase de liquidación de la masa activa del concurso de acreedores de dicha sociedad. 

El registrador rechaza la inscripción de la transmisión de un inmueble subastado como parte de una unidad productiva en el contexto de la liquidación de la concursada Galvanización Madrileña, S.A.

La sociedad tenía una única unidad productiva cuyo principal activo era un inmueble hipotecado a favor del Banco Santander, S.A. El plan de liquidación establecía la enajenación de esa unidad productiva en pública subasta con sujeción a una serie de reglas. Habiéndose subastado por la AC mediante subasta notarial electrónica y sin sujeción a los tipos indicados en el plan de liquidación, el registrador considera la subasta nula. Niega valor a la providencia judicial que, modificando el plan de liquidación, autoriza a la AC a hacer todo esto. 

El recurso plantea: (i) si la enajenación de la unidad productiva podía llevarse a cabo mediante subasta notarial electrónica; y (ii) si así fuera, si la subasta se ha realizado conforme a las reglas contenidas en el plan de liquidación aprobado por el juez del concurso y, por consiguiente, si el registrador debe o no inscribir la transmisión. 

La DGRN respalda la actuación del registrador que entró a analizar los detalles de la subasta pues ha de examinar la "validez" del acto dispositivo que se le presenta. Por tanto, es correcto rechazar la inscripción cuando el acto traslativo no se ajusta al plan de liquidación (cuyo testimonio el registrador tiene derecho a solicitar). Sin embargo, la DGRN hace una interpretación generosa tanto de la providencia judicial como del proceso de subasta y, finalmente, entiende que éste está ajustado a lo establecido en el plan de liquidación, por lo que estima el recurso. 

De entre las cuestiones que examina la DGRN, son especialmente relevantes las dos siguientes: 

(i) Entiende la DGRN que, en las subastas concursales, sean judiciales o notariales, por regla general no es necesaria la tasación actualizada específica a la que se refiere la Ley 9/2015. En las subastas concursales celebradas durante la fase de liquidación de la masa activa, la valoración del bien por subastar la realiza la AC.

(ii) En relación al valor de adjudicación (50% del precio de salida), es cierto que el plan de liquidación establecía tres subastas con valores mínimos decrecientes, pero en la medida en la que eran aceptables posturas por debajo de esos mínimos con el consentimiento expreso de la acreedora hipotecaria, tanto más será posible que la propia acreedora hipotecaria, como única pujante, pueda formular puja por un importe inferior al previsto en el plan. Se ha respetado el principio del art. 670.4, párrafo segundo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la cantidad supera el 50% del precio mínimo inicial. 

 

Si desea obtener copia de cualquiera de las sentencias mencionadas por favor solicítelas a su contacto en Ashurst.

Estas no son TODAS las sentencias en materia concursal publicadas esta semana sino una selección de las que, en criterio del equipo concursal de Ashurst, se consideran más relevantes.

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