Legal Updates

Semana del 22 al 28 de enero de 2018

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Estimados amigos:

Nuestro departamento interno de gestión de conocimiento elabora una serie de informes semanales que nos ha parecido útil compartir con vosotros. Entre ellos, examinan todas las sentencias de concursal publicadas semanalmente y reseñan y resumen las más interesantes para nuestra práctica. Esperamos que a vosotros os resulten tan útiles como a nosotros.

Tribunal Supremo

Excepción al "privilegio" de SAREB: si el crédito se cede estando ya calificado como subordinado lo seguirá siendo tras la cesión.

Sentencia 677/2017 del Tribunal Supremo (Sala Primera de lo Civil) de 15 de diciembre de 2017. Ponente: Ignacio Sancho Gargallo.

En esta sentencia se discute la interpretación del art. 36.4.h) de la Ley 9/2012 que concede a la SAREB un privilegio consistente en que los créditos adquiridos en el concurso del deudor no pueden ser calificados como subordinados. Sin embargo esta norma contiene una excepción: como salvedad si la clasificación del crédito como subordinado fuera anterior a la cesión de los créditos se conservará la calificación (clasificación). 

En el caso que se examina la calificación del crédito se realizó antes de la adquisición por SAREB pero le fue notificada después. Por esto SAREB considera que el art. 36.4.h) de la Ley 9/2012 le permite recalificar el crédito en ese caso. 

El Tribunal Supremo no está de acuerdo y entiende que el 36.4.h) de la Ley 9/2012 

(i) protege a los créditos cedidos a SAREB de una eventual subordinación exceptuando la aplicación del art. 93.3 LC que dice que "Salvo prueba en contrario, se presumen personas especialmente relacionadas con el concursado los cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes a cualquiera de las personas mencionadas en los apartados anteriores, siempre que la adquisición se hubiere producido dentro de los dos años anteriores a la declaración de concurso").

(ii) PERO esta protección tiene una salvedad. Si la cesión del crédito "se realiza después de que se hubiera calificado el crédito como subordinado, se mantendrá esta calificación". 

Interpreta el Tribunal Supremo que para que opere la salvedad lo verdaderamente relevante es que la administración concursal ya haya calificado el crédito como subordinado y que por tanto haya precluido la posibilidad de rectificar esta calificación. En el caso cuando se cedió el crédito todavía no había sido notificada la presentación del informe provisional con la lista de acreedores (y por lo tanto cabía su impugnación) pero cuando SAREB quiso aplicar la norma contenida en el art. 36.4.h) de la Ley 9/2012 ya había precluído la posibilidad de  modificar la calificación del crédito. Por tanto, se aplica la salvedad del último inciso de del art. 36.4.h) Ley 9/2012 y el crédito se mantiene como subordinado. 

El crédito del acreedor de una sociedad frente al administrador (concursado) de ésta última por responsabilidad por no haber disuelto la sociedad es contra la masa. 
 

Sentencia 650/2017 del Tribunal Supremo (Sala Primera de lo Civil) de 29 de noviembre de 2017. Ponente: Rafael Saraza Jimena. 

Los recurrentes solicitan el reconocimiento como crédito contra la masa ex art. 84.2.10 LC de las costas por un proceso judicial por el incumplimiento de contrato de la sociedad Dosamboas 2006, S.L. en el concurso de su administrador solidario (persona física). La solicitud se basa en el art. 367 LSC que regula la responsabilidad solidaria de los administradores sociales por las obligaciones de la sociedad cuando esta está incursa en causa legal de disolución. El juez del concurso había desestimado la demanda por considerar que el crédito había nacido en el momento del incumplimiento del contrato y la Audiencia Provincial la había desestimado por considerar que la deuda tenía carácter extracontractual y por lo tanto no encajaba en los supuestos del art. 84.2.10 LC.

El Tribunal Supremo analiza tanto la naturaleza del crédito como su nacimiento. Respecto a la naturaleza, el Tribunal Supremo, basándose en anteriores sentencias, determina que se trata de una responsabilidad por deuda ajena ex lege porque su fuente es el mero reconocimiento legal y, por tanto, se encuadraría entre los previstos en el art. 84.2.10 LC. Sobre la fecha a tener en cuenta, el Tribunal Supremo entiende que debe ser la de su nacimiento y no la de su reconocimiento. El crédito que los acreedores sociales tienen contra el administrador social del art. 367 LSC nace cuando la sociedad está en causa legal de disolución de la sociedad y los administradores incumplen las obligaciones societarias que eso implica. No obstante, en el supuesto objeto del recurso el crédito de los demandantes por costas nació cuando se dictó la sentencia, que quedó firme, y que condenaba a Dosamboas 2006, S.L. al pago de las costas del proceso porque los requisitos necesarios para la aplicación del art. 367 LSC concurrían varios años antes. Dado que el concurso del administrador social se declaró antes de que se dictara la sentencia el crédito es contra la masa.


Audiencias Provinciales

Actos realizados antes de la fecha del auto de declaración de concurso pero después de la fecha a la que se retrotraen los efectos del mismo: no pueden ser nulos por no contar con la autorización de la AC porque ésta no estaba nombrada. Art. 40.7 LC. 

Sentencia 487/2017 de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) de 10 de noviembre de 2017. Ponente: Francisco de Borja Villena Cortés.

Segunda sentencia sobre este mismo asunto. En el concurso de Nozar, S.A. se da la peculiaridad de que un acreedor (Avalatransa, S.A.) solicitó primeramente el concurso necesario de la sociedad, al que Nozar, S.A. se opuso con éxito. Posteriormente, la propia Nozar, S.A. solicitó el concurso voluntario. En el auto de declaración del concurso voluntario el juez indica como fecha de efectos la de la solicitud inicial de Avalatransa, S.A. (que se había producido más un año antes). 

En el caso resuelto en esta sentencia la administración concursal de Nozar, S.A. en aplicación del art. 40.7 LC solicita la nulidad de la devolución de un préstamo que fue realizada entre una y otra solicitud de concurso (esto es, antes de la declaración de concurso voluntario pero después de la fecha inicial de la solicitud de Avalatransa, S.A. a la que se habían retrotraído los efectos del concurso) por no haber contado con la preceptiva autorización de la administración concursal. La Audiencia Provincial confirma la sentencia del juzgado que establece que difícilmente se puede contar con la autorización de una administración concursal que no existía ni estaba nombrada. La Audiencia indica expresamente que "los efectos de la declaración de concurso solo pueden producirse - como es obvio - a partir de tal declaración".

Para la AP Madrid en situación de concurso el pacto de honorarios firmado con el abogado no es vinculante ni en cuantía ni en vencimientos. Interpretación del art. 84.2.1º LC.

Sentencia 480/2017 de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) de 3 de noviembre de 2017. Ponente: José Manuel de Vicente Bobadilla.

Polémica sentencia relativa a la calificación de los créditos por honorarios del abogado. En el caso, se plantea si los honorarios de un abogado que firmó un pacto al respecto con la concursada antes de la declaración del concurso son o no un crédito contra la masa del art. 84.2.3º LC. Para esto la Audiencia analiza los requisitos del art. 84.2.3º LC indicando que debe interpretarse restrictivamente. Aclara la Audiencia:

(i) Que los honorarios reclamados por el abogado serían en todo caso "gastos judiciales" pero que no tienen cabida en el concepto de costas porque, como tiene declarado el Tribunal Supremo en su sentencia núm. 33/2013 de 11 de febrero de 2013, propiamente sólo hay un crédito por costas frente al deudor concursado cuando haya existido una condena en costas.

(ii) En cuanto al requisito temporal, éste no se desvirtúa por el hecho de que unas actuaciones procesales se realizaran antes de la declaración de concurso y otras después. Este es el criterio mantenido por la Audiencia Provincial de Alicante en su sentencia de 25 de mayo de 2012. 

(iii) En lo relativo al "interés de la masa" se refiere a que "el litigio sea necesario para incrementar la masa activa o en general para producir un beneficio patrimonial a la concursada" lo que "puede producirse tanto si se incrementa la masa activa como si disminuye la pasiva". Se excluyen actuaciones innecesarias, temerarias o los importes excesivos (tal y como señala la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 17 de julio de 2008). Esto es, sostiene la Audiencia Provincial de Madrid que la ley concursal "condiciona la calificación crediticia al resultado beneficioso o inocuo" para la masa lo cual, añade, sólo puede apreciarse cuando la sentencia es firme, pues es en ese momento cuando surge el crédito. La Audiencia Provincial dice que sólo es entonces cuando la administración concursal puede valorar si ha habido un beneficio para la masa. 

(iv) Lo anterior se une con el momento del devengo de los honorarios. Si su calificación depende de si el procedimiento ha supuesto un beneficio y este beneficio solo puede apreciarse con una sentencia firme entonces, dice la Audiencia "los créditos contra la masa de que pueda ser titular el abogado no se devengan por partidas o actuaciones aisladas sino de modo global una vez se culmina y se pone fin a la prestación del servicio" y esto, independientemente de lo que hayan podido pactar abogado y cliente en el contrato de prestación de servicios pues, en caso de concurso éste no vincula ni a la administración concursal ni al juez. Para llegar a esta conclusión la Audiencia Provincial de Madrid cita la sentencia 393/2014 del Tribunal Supremo de 18 de julio de 2014 que efectivamente dice eso con respecto de la cuantía de los honorarios pactados, y la extiende a lo pactado sobre vencimientos (sobre los que nada dice la sentencia del Tribunal Supremo).

Así la Audiencia Provincial de Madrid da un paso más y declara que "el pacto de honorarios no resulta vinculante ni en cuanto a las cuantías fijadas convencionalmente ni en cuanto a los vencimientos pactados" y desestima el recurso.

Prenda en garantía de créditos futuros. Alcance de la venta de unidad productiva sobre el privilegio especial. 

Sentencia 447/2017 de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15ª) de 2 de noviembre de 2017. Ponente: José María Ribelles Arellano. 

CITD Engineering and Technologies, S.L. ("CITD"), adjudicataria de la unidad de negocio de la concursada Servicios de Ingeniería y Tecnología de Diseño, S.L. (la "Concursada"), solicita que se declare improcedente el requerimiento que la demandada, Banco Mare Nostrum, S.A. ("Mare Nostrum") había realizado a Airbus Operations, .S.L. ("Airbus") en ejecución de la prenda sobre determinados créditos que Airbus adeudaba a la concursada por entender que éstos créditos le pertenecían.  

En origen, Mare Nostrum había otorgado un crédito a la Concursada y en garantía de éste le había otorgado una prenda sobre los derechos de crédito que tenía frente a Airbus. Posteriormente, se vende una unidad productiva de la concursada a CITD. La unidad productiva comprendía parte del negocio de la Concursada incluyendo expresamente el contrato con Airbus. Se dice que se transmite libre de cargas. Mare Nostrum entendía que los créditos de la Concursada frente a Airbus habían quedado fuera del perímetro de la unidad productiva. Por el contrario, CITD consideraba que las prestaciones económicas a cargo de Airbus integraban el contenido del contrato que le había sido cedido expresamente. 

Para dilucidar si los derechos de crédito se transmitieron o no, la Audiencia Provincial tiene en cuenta varios argumentos concluyendo que efectivamente CITD se subrogó en el contrato con Airbus, un contrato con obligaciones recíprocas que quedó condicionado a que la Concursada o CITD prestaran los servicios de ingeniería. El crédito derivado, en la medida que formaba parte del contrato, se transmitió con la venta de la unidad productiva, que se llevó a cabo libre de cargas.

La Audiencia Provincial aclara que "no se ha extinguido la prenda, como se sostiene en el recurso, ni se le ha expropiado su derecho" sino que "simplemente su objeto se transmitió con la venta de la unidad productiva, situación contemplada expresamente en el artículo 149.2º de la Ley Concursal" y que como Mare Nostrum no se opuso formalmente a la venta ni recurrió en reposición el auto que la aprobaba, ésta venta ha alcanzado firmeza.

Concurso de un administrador persona física. Se rescinden las garantías que prestó para que se concediera un préstamo a la sociedad que administraba. Es irrelevante que ostentase un 30% del capital de la sociedad administrada. 

Sentencia 472/2017 de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) de 27 de octubre de 2017. Ponente: Ángel Galgo Peco. 

En esta sentencia se resuelve el recurso interpuesto por Sofle Universal, S.L. ("Sofle") contra la sentencia en la que se rescindían las garantías hipotecarias y el afianzamiento solidario de un administrador persona física concursado a favor de la sociedad que administraba. 

La Audiencia Provincial de Madrid considera, en primer lugar, que no puede aplicar al caso el art. 71.3.1 LC porque la sociedad administrada no es persona especialmente relacionada en el concurso del administrador persona física. Téngase en cuenta que era aplicable el art. 93.1 LC en su redacción anterior a la reforma operada por el RDL 11/2014.

No obstante, sí considera aplicable el art. 71.4 LC y recuerda que:

(i) el acto controvertido debe ser analizado en el momento de su ejecución pero la prestación de garantías a favor de la sociedad administrada genera pocas dudas en cuanto al perjuicio, otra cosa es que esté justificado ; y

(ii) la titularidad de parte del capital social por el administrador persona física concursado no constituye suficiente para considerar el sacrificio como justificado.

En el caso también se alegaba que el administrador percibía un sueldo que pudo cobrar gracias al préstamo que garantizó pero esta afirmación no se prueba. 

Convenio de acreedores. Diferencia entre condición que determina la validez jurídica del convenio y constatación de un hecho que puede afectar el cumplimiento del mismo. Aplicación de la regla "favor convenii". Permite aceptar un plan de viabilidad y plan de pagos de contenido mínimo.

Sentencia 469/2017 de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28ª) de 24 de octubre de 2017. Ponente: José Manuel de Vicente Bobadilla.

Se recurre la sentencia que rechazó aprobar un convenio por tres motivos: (a) por infracción de lo dispuesto en el artículo 101.1 LC al considerar que la eficacia del convenio está sometida a condición, (b) porque el plan de pagos acompañado a la propuesta no contiene detalle de los recursos previstos para su cumplimiento como exige el art. 100.4 LC; y (c) porque el plan de viabilidad no especifica los medios y condiciones de obtención de los recursos necesarios del art. 100.5 LC.

(i) En relación a la existencia de una condición, conclusión que el juez extrae de la mención hecha a que "De la existencia de un acuerdo con referido acreedor privilegiado (EL BANCO DE SANTANDER) dependerá la viabilidad de la presente propuesta de convenio, al ser titular del crédito hipotecario que grava el bien que ha de ser objeto de desarrollo", la Audiencia Provincial insiste en que no cabe confundir la constatación de una situación de hecho con una condición. En el caso no existe condición que afecte a la validez jurídica del convenio sino sólo una circunstancia que puede incidir en la viabilidad del cumplimiento del mismo. 

(ii) En relación al plan de pagos y al plan de viabilidad la Audiencia Provincia, tras indicar que el papel que corresponde al juez en estos casos "no es la de creador de la regla negocial, sino la de controlador de su legalidad" constata que ambos documentos contienen los mínimos necesarios (el proponente del convenio cumplió con el requisito formal de presentación de un plan de viabilidad – aunque éste presente carencias -  y el plan de pagos, aunque no incluye de forma expresa los recursos previstos para su cumplimiento, esto se infiera con un análisis conjunto con el resto de los documentos) y opta por aplicar el principio "favor convenii".  

Se estima el recurso y se aprueba el convenio. 

Ejecución de inmueble hipotecado por la concursada en garantía de deuda ajena. El titular de la garantía que se adjudica el inmueble no puede deducir la carga del precio que tiene que pagar porque no es acreedor de la concursada. 
 

Sentencia 558/2017 de la Audiencia Provincial de Jaén (Sección 1ª) de 9 de octubre de 2017. Ponente: José Antonio Córdoba García.

Es ya sabido que, en el caso de un inmueble hipotecado en garantía de deuda de tercero, dicho tercero no consta como acreedor en el concurso del hipotecante que es garante pero no deudor. El concursado, en este caso, nada debe al tercero acreedor hipotecario. 

Lo que se plantea en el caso es qué sucede, en relación a la ejecución de la garantía, cuando la deuda garantizada está vencida y es exigible. En el caso existe un bien con dos hipotecas, la primera a favor de Bankinter, S.A. que consta como acreedor privilegiado del deudor concursado, la segunda a favor de Cajasur, que no es acreedor de la concursada. En la liquidación el inmueble se vende por un precio igual a la suma de ambas deudas garantizadas pero sin deducir del precio las cargas. El problema es que como Cajasur no es acreedora en el concurso, el importe obtenido nunca podrá ir a ella. Cajasur se adjudica el inmueble y solicita se deduzca del precio que tiene que pagar por el mismo el valor de la hipoteca que tenía sobre el inmueble.

La Audiencia establece que esto no es posible. No sólo el concursado no le debe nada sino que además se desconoce en el procedimiento si la deuda está vencida y es exigible (o si el deudor está pagando). No se sabe si realmente hay un desvalor del bien, por lo que la devolución del importe ingresado podría dar lugar a enriquecimiento injusto. La Audiencia dice además que aún en el supuesto de que la deuda estuviera vencida y fuera exigible, el dinero entregado debería mantenerse en la masa activa del concurso, porque el banco había entrado en la subasta conociendo las condiciones, y si estaba en desacuerdo con ellas, las debería haber impugnado.


Juzgados de lo Mercantil

Aunque un crédito garantizado con prenda del RDL 5/2005 no se reconozca como privilegiado en el concurso esto no afecta al beneficio de ejecución extrajudicial de dichas garantías financieras.

Sentencia 589/2017 del Juzgado de lo Mercantil núm. 2 de Sevilla de 27 noviembre de 2017. Ponente: Pedro Márquez Rubio.

Cajasol, luego Caixabank, S.A., otorgó a INVE Ingeniería e Instalaciones, S.L. un préstamo de 500.000 € de los que 100.000€ se destinaron a una imposición a plazo fijo que se abrió en la oficina de la prestamista. Sobre dicha imposición se constituyó una garantía financiera pignoraticia a favor de Caixabank, S.A. 

Declarado el concurso de INVE Ingeniería e Instalaciones, S.L., la administración concursal reconoció el crédito de Caixabank, S.A. como ordinario por importe de 500.000 euros y Caixabank, S.A. no impugnó la calificación.

En un determinado momento, Caixabank, S.A. decide ejecutar por apropiación su garantía pignoraticia. La administración concursal ejercita entonces una acción de reintegración y Caixabank, S.A. reconviene solicitando que se declare su derecho a ejecutar su garantía de conformidad con el RDL 5/2005 y, con carácter subsidiario, la acción de modificación de los textos definitivos para obtener el reconocimiento del carácter privilegiado de su crédito por importe de 100.000€.

El juzgado entiende, en primer lugar, que nos encontramos ante una garantía financiera porque se cumplen todos los requisitos del art. 8 del RDL 5/2005. La garantía se constituyó por escrito, la imposición se abrió en la propia Cajasol y se depositaron en la oficina de referencia la libreta soporte o títulos representativos. Como la entidad bancaria solo ejercita una acción declarativa de su derecho, no cabe analizar el cumplimiento de los requisitos exigibles para la ejecución posterior del mismo. Tampoco resulta relevante que parte del dinero prestado pasara directamente a constituir una imposición a plazo fijo ya que el ingreso en una cuenta titularidad de la concursada equivale a la entrega en los términos del art. 1838 CCiv que permite la aportación posterior del activo.   

En segundo lugar, la falta de reconocimiento del privilegio en sede concursal no afecta a la posibilidad de ejecución por el art. 15 del RDL 5/2005. Respecto de las garantías pignoraticias de carácter financiero se configura un régimen legal de doble protección. Por un lado el RDL 5/205 permite su ejecución extraconcursal y por otro la LC determina que haya de considerarse crédito con privilegio especial. Ambos sistemas son paralelos pero independientes. La falta de reconocimiento del privilegio en sede concursal no afecta al beneficio de ejecución extraconcursal. Ninguna incidencia del procedimiento concursal puede impedir la ejecución de la garantía financiera salvo que se declare la ineficacia de la misma.

En tercer lugar, de conformidad con la redacción actual del artículo decimoquinto del RDL 5/2005 se exige un requisito adicional para la rescisión de las garantías financieras, el fraude de acreedores, que no se ha alegado ni probado.

Como consecuencia de lo anterior, se desestima la acción rescisoria planteada por la administración concursal y se estima la demanda de Caixabank, S.A. declarando que la misma tiene derecho a proceder a la ejecución directa de su garantía pignoraticia cumpliendo con los requisitos del RDL 5/2005.

 

Si desea obtener copia de cualquiera de las sentencias mencionadas por favor solicítelas a su contacto en ASHURST.

Estas no son TODAS las sentencias en materia concursal publicadas esta semana sino una selección de las que, en criterio del equipo concursal de Ashurst, se consideran más relevantes.

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