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Semana del 13 al 20 de marzo 2018

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Audiencias Provinciales

No se incumple el convenio si el acreedor no comunica la cuenta de pago o se comunica una cuenta a nombre de un tercero por persona sin poder de representación 

Sentencia 6/2018 Audiencia Provincial de A Coruña, sección 4ª, de 10 enero de 2018. Ponente: Pablo Sócrates González-Carrero Fojón.

Se recurre la declaración de incumplimiento de convenio por impago a dos acreedores. El pago debía hacerse en una cuenta bancaria previamente notificada a la concursada por los deudores. La Audiencia Provincial de La Coruña indica que, como ya dijo el Tribunal Supremo, un convenio que contempla estipulaciones convencionales que supeditan el pago de la deudora en concurso al previo cumplimiento por los acreedores de la carga de hacer designación de una cuenta bancaria para recibir las transferencias correspondientes, no podrá considerarse incumplido si el acreedor no hace la designación de la cuenta.

En el caso, no se comunicó cuenta de pago inicialmente y posteriormente existe una comunicación por parte de una abogada designando una cuenta a nombre del despacho de abogados y no de los acreedores. Al no haber acreditado la representación esta comunicación no debe vincular al deudor ni cabe sostener el incumplimiento del convenio.

Nulidad por causa ilícita de un acto celebrado en fase de cumplimiento de convenio

Sentencia 503/2017 Audiencia Provincial de Alicante, sección 8ª, de 20 de diciembre de 2017. Ponente: Francisco José Soriano Guzmán.

Una sociedad, en fase de cumplimiento de convenio – con visos de ser pronto incumplido – acuerda una ampliación de capital en una de sus filiales, haciendo aportaciones dinerarias y no dinerarias a cambio de participaciones cuyo valor contable era muy inferior a la contraprestación recibida. La sentencia dictada en primera instancia declaró la nulidad de la escritura mediante la que se suscribió la ampliación de capital, al considerar que concurría causa ilícita, pues respondió a la concertación fraudulenta entre las sociedades con la finalidad de sustraer unos bienes de la acción de los acreedores del concurso.

La Audiencia Provincial de Alicante confirma la sentencia recordando que, si bien no cabe ejercitar la acción rescisoria concursal (artículo 71.1 de la Ley Concursal) en fase de cumplimiento de convenio, sí pueden ejercitarse otras acciones rescisorias (además, una vez abierta la fase de liquidación, la remisión del artículo 147 de la Ley Concursal al título donde se regulan los efectos de concurso sobre los actos perjudiciales para la masa activa sí permite entender que en ese momento cabe ejercitar las acciones del artículo 71). Las acciones disponibles, aparte de la rescisoria concursal, recuerda la sala, son "la rescisoria ordinaria, o pauliana; la de nulidad absoluta por simulación y la de nulidad absoluta por ilicitud de la causa". En el caso, se ejercita una acción de nulidad por causa ilícita que "cabe, en los casos más graves, cuando el acto de disposición haya respondido al propósito común de defraudar a los acreedores (STS 575/2015, de 3 de noviembre)". Se confirma que estamos ante un negocio con causa ilícita.

El crédito derivado de la recuperación de una ayuda de Estado ordenada en una decisión de la comisión escapa de la calificación concursal

Sentencia 476/2017 Audiencia Provincial de Alicante, sección 8ª, de 28 noviembre de 2017. Ponente: Luis Antonio Soler Pascual.

El tema de debate se refiere a la calificación concursal que corresponde al crédito derivado de la Decisión de la Comisión Europea declarando ayuda ilegal incompatible con el derecho de la competencia a la concesión de unos avales, por parte de una institución de la comunidad valenciana (el Instituto Valenciano de Finanzas o IVF), al Elche Club de Fútbol.

La Decisión de la Comisión establece que España debe recuperar el importe de 3,688 millones de euros de la ayuda y que esta cantidad devengará interés desde la fecha en la que se puso la ayuda a disposición del Elche hasta su recuperación. La administración concursal calificó el crédito como concursal con privilegio general en un 50% (artículo 91.4 de la Ley Concursal) y los intereses como subordinados, pero la sentencia de primera instancia considera que debe calificarse como crédito contra la masa al amparo de lo dispuesto en el artículo 84.2.10º de la Ley Concursal, entendiendo que es un crédito derivado de la Ley (el Tratado de la UE).

La Audiencia Provincial de Alicante no está de acuerdo y argumenta:

  • Que ha de partirse de la primacía del Derecho europeo sobre los Derechos nacionales, lo que implica que cuando una norma nacional es contraria a una disposición europea, las autoridades de los Estados miembros deben aplicar la disposición europea, lo cual no significa que el Derecho nacional se anule o derogue, sino que su carácter obligatorio queda suspendido.
  • En un caso como el que nos ocupa, en el que la beneficiaria está incursa en proceso concursal, hay que "suspender" la calificación concursal del crédito derivado de la Decisión de la comisión para su cumplimiento porque la calificación concursal, conforme derecho español, aboca la recuperación del crédito al fracaso.
  • No cabe entender que estamos ante un crédito contra la masa del artículo 84.2.10ª de la Ley Concursal porque no cabe equiparar la decisión de la Comisión con la Ley, y la calificación concursal que corresponde no es compatible con la recuperación inmediata de la ayuda que ordena la Decisión de la Comisión.
  • Por tanto, la sala concluye que se debe excluir la calificación del crédito conforme a las categorías propias del proceso concursal español, dado que dicha calificación haría ineficaz la recuperación de la ayuda de Estado. Asimismo, reconoce que estamos ante un crédito autónomo, con origen en el derecho europeo, inderogable por el derecho nacional, que, por sus características, resulta ser plenamente eficaz contra la masa y, en consecuencia, ejecutable al margen de los criterios de prelación y pago establecidos en la legislación concursal, crédito que, por estar vencido, ha de ser satisfecho de manera inmediata y sin demora.

Calificación del derecho del socio de una cooperativa de viviendas a recibir la suya

Sentencia 497/2017 Audiencia Provincial de Madrid, sección 28ª, de 17 noviembre de 2017. Ponente: Enrique García García.

Se discute la calificación del derecho de un socio de una cooperativa de viviendas que ha sido declarada en concurso, habiendo efectuado el socio aportaciones para financiar la construcción de la vivienda que se le debía luego adjudicar y que, al tiempo de ser declarado el concurso, todavía no había recibido el inmueble. En primera instancia se considera que se trata de un crédito contra la masa, dado que al tiempo de declararse el concurso existía una relación obligacional con prestaciones recíprocas pendientes por ambas partes.

La concursada recurre alegando que el contrato ya estaba incumplido antes de la declaración de concurso (lo que la Audiencia Provincial de Madrid niega indicando que la incertidumbre respecto del momento de la entrega de la vivienda no implica que no esté vigente la relación, pues el plazo de vencimiento de la obligaciones puede ser integrado) y que, si las obligaciones recíprocas entre socio y cooperativista están vigentes, a lo que tendría derecho la demandante es a la recepción de la prestación pactada (entrega de vivienda) y no a una obligación dineraria. A esto alega la sala que no hay un reconocimiento de un derecho de crédito que tenga que ser precisamente dinerario, sino que puede estar integrado por una prestación de hacer o de dar. Otra cosa es que una situación de definitivo incumplimiento pueda acabar desembocando en una compensación de daños y perjuicios que debiera traducirse en un equivalente, en metálico, al valor que se asigne a lo incumplido.

Se impugna la venta de una unidad de negocio cuyo pago se lleva a cabo por compensación

Sentencia 545/2017 Audiencia Provincial de Valencia, sección 9ª, de 23 octubre de 2017. Ponente: Purificación Martorell Zulueta.

Bosal España, S.A. ("Bosal") y Bosal Madrid, S.L.U. ("Bosal Madrid"), son sociedades íntegramente participadas por Bosal Nerderland. La matriz ostentaba frente a la concursada un crédito (que queda probado como existente, vencido, líquido y exigible) anterior al concurso que cede a Bosal Madrid también de forma anterior a la declaración de concurso. Posteriormente, Bosal vende una rama de actividad a Bosal Madrid y el pago de la misma se produce mediante la compensación del crédito.

La administración concursal no cuestiona la venta de la rama de actividad operada a favor de Bosal Madrid (que se ha reputado beneficiosa para la concursada) concentrando su acción rescisoria únicamente en el modo en que se realizó el pago, pues afirma que, al efectuarse éste por compensación de créditos, se ha perjudicado a los acreedores concursales, al haberse minorado los activos (por la salida de la rama de negocio) sin que los acreedores hayan podido disponer de su precio.

Sin embargo, la Audiencia Provincial de Valencia considera que el mero hecho de que las sociedades transmitente y adquirente pertenezcan al mismo grupo no conduce a que se den las circunstancias excepcionales que permitan enervar el pago por compensación en los términos de los artículos 1195 y 1196 del Código Civil.


Si desea obtener copia de cualquiera de las sentencias mencionadas por favor solicítelas a su contacto en Ashurst.

Estas no son TODAS las sentencias en materia concursal publicadas esta semana sino una selección de las que, en criterio del equipo concursal de Ashurst, se consideran más relevantes.

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