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Tribunal Supremo

Los avales de la Ley 57/1968 de cantidades a cuenta de viviendas sobre plano no se ven afectados por el convenio concursal y cabe reclamar su cumplimiento íntegro

Sentencia 422/2018 del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 4 de julio de 2018. Ponente: Ignacio Sancho Gargallo.

Diversos compradores de viviendas sobre plano entregaron dinero a cuenta a la sociedad promotora (ahora en concurso), cuya restitución, al amparo de la Ley 57/1968, estaba garantizada por varias entidades financieras.

La promotora concursada, deudora principal de la obligación, aprobó un convenio que incluía una quita del 35% del importe de los créditos y una espera de cinco años. No se discute, que conforme al artículo 134 de la Ley Concursal, los compradores de viviendas, en tanto acreedores concursales, se ven afectados por el convenio aprobado, la cuestión controvertida radica en si estos efectos novatorios se extienden a la garante.

El Tribunal Supremo concluye que la adhesión al convenio aprobado en el concurso de acreedores del promotor avalado no supone una novación de la obligación del garante, cuando esta garantía se ha concertado al amparo de la Ley 57/1968, en aplicación de la jurisprudencia contenida en la sentencia del Tribunal Supremo 218/2014, de 7 de mayo . Según esta sentencia: "cuando se demande exclusivamente al avalista en juicio declarativo, reclamando el importe del aval constituido al amparo de la Ley 57/1968, la entidad de crédito no podrá oponer las excepciones derivadas del artículo 1853 del Código Civil , debiendo abonar las cantidades debidamente reclamadas y entregadas a cuenta, una vez incumplido el plazo convenido para la obligación de entrega, por cualquier causa".

Audiencias Provinciales

El socio disconforme no tiene legitimación para recurrir el auto que acuerda la declaración y simultánea conclusión del concurso voluntario de su participada

Sentencia 390/2018 de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª, de 22 de junio de 2018. Ponente: Purificación Martorell Zulueta.

En el contexto de una apelación del auto por el que se declaraba y simultáneamente se concluía el concurso ex artículo 176 bis de la Ley Concursal (insuficiencia de masa activa) la AP considera que la titular del 47,88% del capital social de la concursada no tiene legitimación activa para apelar el auto de conclusión del concurso voluntario.

Aunque el artículo 176 bis 4 último párrafo de la Ley Concursal reconoce la posibilidad de recurrir en apelación el auto de declaración del concurso cuando en él se declare también la conclusión del mismo por insuficiencia de masa, este precepto ha de entenderse en conjunción con la naturaleza misma del recurso de apelación, cuyo acceso se veda a aquellos que no fueron parte en la primera instancia. La defensa de los intereses del socio se articula por medio del artículo 179.3 de la Ley Concursal que da un plazo de un año para solicitar la reapertura del concurso.

En apoyo de su fallo, el tribunal menciona la tesis de la personalidad jurídica controlada defendida por el Tribunal Supremo en su sentencia de 20 de marzo de 2013 y por algunas resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Existe obligación de paralizar las ejecuciones singulares cuando, de cualquier forma, el juzgado conozca el concurso del ejecutado

Sentencia 224/2018 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 21ª, de 6 de junio de 2018. Ponente: María Almudena Cánovas del Castillo Pascual.

En el caso, el Registro de la Propiedad deniega la inscripción de la adjudicación de un inmueble propiedad de una sociedad en concurso ordenada por un juez distinto del juez del concurso. El procedimiento de ejecución se inició antes de declaración de concurso pero la adjudicación se produce después.

La Audiencia Provincial de Madrid recuerda que el artículo 55.2 de la Ley Concursal ordena la paralización de las ejecuciones singulares tras la declaración de concurso y el artículo 21.2 de la Ley Concursal determina que ésta produce sus efectos de inmediato, siendo ejecutivo el auto en el que se acuerda dicha declaración aunque no sea firme. La paralización, conforme al artículo 568.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, ha de acordarla el letrado de la administración de justicia cuando conste en el procedimiento la declaración del concurso. La Sección aclara que dicha constancia "no queda supeditada a la expresa notificación al Juzgado de que se trate de que el ejecutado se encuentra en situación de concurso" sino que, tan pronto el Juzgado conozca, de cualquier forma, la existencia de la declaración de concurso de un ejecutado, debe suspender la ejecución instada.

Los pagos de obligaciones vencidas y exigibles son rescindibles si el receptor del pago es una persona especialmente relacionada que no demuestra que la sociedad no era insolvente en el momento de realizar el pago

Sentencia 296/2018 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 25 de mayo de 2018. Ponente: Pedro María Gómez Sánchez.

Se recurre la rescisión de unos pagos hechos por la sociedad a uno de sus socios (y administrador) en concepto, según la sociedad, de "devolución de aportaciones". En instancia se acredita que se trató de la devolución de un préstamo.

Se acuerda la rescisión en aplicación de la presunción iuris tantum del artículo 71.3.1º de la Ley Concursal relativo a los actos dispositivos a título oneroso a favor de personas especialmente relacionadas con la concursada. No obstante, la Audiencia Provincial de Madrid comienza indicando que hubiera podido alegarse el artículo 71.2 de la Ley Concursal que contiene una presunción iuris et de iure aplicable a los actos a título gratuito, dado que la sociedad no está obligada a la devolución de aportaciones (salvo la realizada en ejecución de un acuerdo de reducción de capital). La aplicación del artículo 71.3.1º de la Ley Concursal, según la sala, parte de la incorrecta apreciación de que estamos ante un acto dispositivo "a título oneroso", esto es, que concurre título jurídico que impone a la sociedad restituir a sus socios el capital que invirtieron.

En todo caso, dado que se consideró que estaba ante la devolución de un préstamo y se alegó el artículo 71.3.1º de la Ley Concursal por la propia sociedad, lo significativo no es ya el título de la devolución (que según el recurrente era una deuda vencida y exigible) sino la condición de quien recibe el pago. Si bien es cierto que el Tribunal Supremo ha declarado que, en principio, no parece perjudicial el pago de una deuda vencida y exigible respetando la par conditio, también ha establecido el Tribunal Supremo que pueden existir circunstancias que hagan que sí lo sea. Entre estas circunstancias, el Tribunal Supremo menciona la identidad del receptor del pago. Si quien recibe el pago es una persona especialmente relacionada, el correlativo efecto liberatorio del pago sobre el pasivo de la sociedad concursada no se produce, puesto que la persona especialmente relacionada, como acreedor subordinado, estaba destinado a cobrar la última. La clave es determinar si estamos ante la devolución de un préstamo otorgado por una persona especialmente relacionada que se produce cuando la sociedad ya se encontraba en situación de insolvencia, lo que es difícil de determinar pues la declaración de concurso se produce año y medio después del pago. Pero el recurrente no ha desvirtuado la presunción de perjuicio demostrando que no existía esa situación, por lo que se confirma la rescisión acordada en instancia.

Concepto de "socios comunes" y "administrador de hecho" a efectos de subordinación

Sentencia 299/2018 de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de 25 de mayo de 2018. Ponente: Alberto Arribas Hernández.

En el contexto de la calificación de un crédito como subordinado por ser su titular, supuestamente, persona especialmente relacionada con la concursada, la Audiencia Provincial de Madrid analiza:

(i) La expresión "socios comunes" del artículo 93.2.3º de la Ley Concursal recordando que conforme a la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de abril de 2018 "se exige para subordinar el crédito del acreedor que es socio de una sociedad del grupo de la concursada que lo sea también de la propia concursada". Por tanto, la subordinación sólo afecta a socios de las sociedades del grupo que reúnen respecto de éstas las circunstancias del artículo 93.2.1º de la Ley Concursal y que, además, son socios de la concursada, no sólo de la sociedad del grupo. En el caso, el titular del crédito es socio de una sociedad del grupo pero no lo es de la concursada por lo que su crédito no se subordina.

(ii) La posible subordinación por administración de hecho (artículo 93.2.2º de la Ley Concursal). La Sección recuerda que la figura del administrador de hecho está recogida en el artículo 236.3 de la Ley de Sociedades de Capital, y considera que es a este concepto, acuñado por la legislación societaria, al que hay que acudir para determinar si efectivamente estamos ante una administración de hecho con relevancia concursal. Para ser administrador de hecho se requiere:

  • desarrollar una actividad de gestión sobre materias propias del administrador de la sociedad;
  •  hacerlo de forma sistemática y continuada; y
  • gestionar de forma independiente, con poder autónomo de decisión y con respaldo de la sociedad.

La Audiencia Provincial de Madrid rechaza que "pueda admitirse un concepto autónomo de administrador de hecho de una sociedad a los efectos concursales como parece proponer el apelante". En la medida en que no concurren los rasgos de la administración de hecho societaria, se rechaza la subordinación del crédito.

Juzgados de lo Mercantil

Es posible liquidar la sociedad en concurso fuera de la fase de liquidación

Sentencia 111/2018 del Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Murcia de 17 de abril de 2018. Ponente: Javier Quintana Aranda.

Aclara la sentencia que, conforme al artículo 176 bis de la Ley Concursal, y dejando a un lado los supuestos del denominado concurso exprés, puede concluirse el concurso por insuficiencia de masa desde la misma declaración.

Tal y como muestra el artículo 43 de la Ley Concursal, complementado por el artículo 149, dentro del concurso es posible la liquidación de bienes sin necesidad de abrir fase alguna de liquidación. En el caso del art. 176 bis, además, desde que se comunica por la administración concursal al juez del concurso dicha insuficiencia de masa, debe procederse al pago de los créditos contra la misma.

No existe por tanto ninguna norma que obligue a la apertura de la fase de liquidación en los supuestos de insuficiencia de masa, así como tampoco ninguna que exija la aprobación de un plan de liquidación, desde el momento en que la fase de liquidación se abre para atender a los créditos concursales.

Las cantidades entregadas en concepto de cuentas en participación se excluyen de la lista de acreedores

Sentencia 233/2018 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Palma de Mallorca (Islas Baleares) de 2 de marzo de 2018. Ponente: Víctor Fernández González.

Esta resolución analiza la calificación del crédito que constaba en la contabilidad de la concursada como deudas a corto plazo, pero que la propia sociedad concursada defendía que se había entregado en concepto de inversión como parte de un contrato de cuenta en participación que no había llegado a formalizarse por escrito.

Tras el análisis de la prueba, el juez del concurso concluye que efectivamente se encuentra ante un pago realizado en el contexto de un contrato de cuentas en participación (no ante un préstamo, como se recogía en la lista de acreedores) y que, por tanto, el crédito debe quedar excluido.

 

Si desea obtener copia de cualquiera de las sentencias mencionadas por favor solicítelas a su contacto en Ashurst.

Estas no son TODAS las sentencias en materia concursal publicadas este mes sino una selección de las que, en criterio del equipo concursal de Ashurst, se consideran más relevantes.

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