Noticias de Competencia

Cuando el abuso no es por discriminar sino por hacerlo desproporcionadamente
Las empresas dominantes pueden incurrir en un abuso por aplicar precios distintos a sus clientes sin una justificación objetiva (abuso por discriminación de precios). Sin embargo, también es posible que exista una justificación para discriminar en precios (por ejemplo, un ahorro de costes) y, aun así, comete un abuso, si la discriminación en los precios resulta desproporcionada. Eso es lo que le ocurrió a la SGAE. La AN ha confirmado recientemente la decisión de la CNMC que sancionó a esta entidad de gestión por aplicar tarifas discriminatorias a distintos grupos de clientes. La SGAE ofrecía a los miembros acogidos a convenio con asociaciones sectoriales la posibilidad de obtener descuentos del 20% en la tarifa general, mientras que los empresarios individuales no acogidos a convenio no podían beneficiarse de ellos. Sin embargo, el descuento del 20% es sustancialmente mayor que el ahorro de costes de negociación y gestión generado para la SGAE por los convenios, estimado en un 5,8%. Por tanto, la SGAE estaba aplicando precios demasiado bajos a unos clientes en relación con los que aplicaba a sus competidores, lo que constituye un abuso de su posición de dominio.

Multas en el sector financiero italiano por un cártel en las hipotecas
La Autoridad de Competencia italiana ("ACI") ha impuesto multas por valor de 27 millones de euros a catorce cajas de ahorros y dos cooperativas bancarias por haber fijado presuntamente los tipos de interés hipotecarios. Según la ACI, las cajas intercambiaron, a través de la cooperativa de crédito Raiffeisen, información comercial sensible sobre las condiciones hipotecarias ofrecidas a sus clientes, y acordaron un tipo de interés mínimo entre 2007 y 2014. Igualmente, entre 2013 y 2015, la cooperativa de la región de Trento circuló a las cajas un tipo de interés estándar de referencia, reduciendo el grado de incertidumbre en el mercado hipotecario. Las partes sancionadas han venido argumentando que las prácticas en el seno de la cooperativa Raiffeisen por las que han sido sancionadas existen desde el siglo XIX, y que están fuera del ámbito de aplicación del Derecho de la competencia porque todos sus miembros constituyen una sola unidad económica. Sin embargo, tales argumentos no convencieron a la ACI.

Alemania: la normativa de los agentes de fútbol restringe la competencia
El Derecho de la competencia tiene una difícil relación con el ordenamiento futbolístico. Por eso, en los últimos años distintas autoridades han cuestionado las normas de juego limpio financiero, las limitaciones a la participación de fondos de inversión en el ámbito futbolístico, los modelos de venta y explotación de los derechos audiovisuales de los clubes, etc., y ahora le ha llegado el turno a la normativa sobre agentes. El pasado 2 de febrero, el Tribunal de Apelaciones de Frankfurt sentenció que la regulación sobre agentes de jugadores de la Federación Alemana de Fútbol es desproporcionada y viola las normas del Derecho de la competencia. En concreto y entre otras, el tribunal anuló las siguientes estipulaciones de la citada regulación por restringir la competencia sin una justificación legítima: la obligación de que los agentes conozcan toda la normativa sectorial (FIFA, UEFA, y Federación) y se sometan a la autoridad de las autoridades federativas; o la prohibición de cobrar por sus servicios un porcentaje del precio del traspaso de un jugador. Por el contrario, el tribunal aceptó otras restricciones que sí considera justificadas, como la de no cobrar por los traspasos de jugadores menores de edad; o prohibir ciertos pagos entre clubes con ocasión del traspaso de un jugador.

Multa por intercambiar clientes y mercados
La autoridad de competencia de Brasil, CADE, ha impuesto una multa de unos 4 millones de euros a la compañía Solvay S/A por su participación, entre 1999 y 2001, en un cártel en el mercado del perborato sódico, componente químico derivado del peróxido de hidrógeno muy utilizado en la fabricación de detergente en polvo para ropa blanca. En concreto, las compañías Solvay S/A y Degussa Aktiengesellschaft acordaron repartirse el mercado intercambiando posiciones a la hora de suministrar este producto a la empresa Unilever, en Reino Unido y Brasil. De esta forma, Degussa dejó de suministrar el producto a Unilever en Reino Unido, y comenzó a hacerlo en Brasil, mientras que Solvay hacía lo contrario, abandonaba el suministro en Brasil a cambio de encargarse de él en las Islas Británicas. La división del mercado se acordó en el contexto de un cártel internacional investigado también por autoridades de competencia de EEUU y Europa.

Límites a los requerimientos de información
El TJUE ha anulado varios requerimientos de información realizados por la Comisión Europea en el marco de una investigación a empresas cementeras en 2010. En los requerimientos se solicitaba a las empresas del sector reproducir su vida comercial durante más de diez años en varios Estados de la UE, sin apenas justificar el motivo de tal solicitud. El TJUE ha considerado que la motivación de la Comisión es insuficiente, y pone así límites a las facultades de investigación de las autoridades de competencia, recordando que deben respetar en todo caso el derecho de defensa de las partes mediante una adecuada motivación.

Sanción por una UTE en Cataluña
La Autoridad Catalana de Competencia ha impuesto multas a varias empresas por repartirse el mercado mediante la constitución de una UTE, en licitaciones para la prestación de servicios de rehabilitación física y de logopedia del Servicio Catalán de Salud en 2013. Aunque la creación de una UTE no es en sí misma un acuerdo restrictivo, sí puede facilitar la colusión entre empresas competidoras. Sólo cuando las empresas concertadas carezcan de la capacidad suficiente para alcanzar por sí mismas el objeto de la licitación o justifiquen eficiencias, estos acuerdos estarán exentos de las normas de competencia.

Posición dominante y protección de datos
En el contexto de la nueva economía, sobre todo la que tiene que ver con las comunicaciones electrónicas e Internet, los datos de los usuarios se han convertido en un activo de la máxima importancia. Tener acceso a los mismos es clave para los distintos competidores, y las autoridades siguen atentas cualquier restricción potencial de la competencia en este ámbito. Precisamente por eso, la autoridad alemana de competencia ha anunciado que investiga si Facebook habría abusado de su posición en el mercado de las redes sociales. El abuso consistiría en incumplir la normativa alemana de protección de datos, imponiendo a los usuarios la aceptación de la cesión y el tratamiento de sus datos personales a través de una política al respecto confusa y abusiva.

Fin del camino para Apple y 400 millones
Apple deberá desembolsar más de 400 millones de dólares por los daños causados a los consumidores de EEUU como consecuencia de las restricciones de la competencia introducidas por esta empresa y cinco editoriales en el mercado de los ebooks de aquél país. Después de que los editores afectados por la investigación alcanzaron acuerdos transaccionales para dejar atrás el caso, Apple se había quedado sola en la batalla legal contra la Sentencia del Tribunal de Nueva York que, en 2013, declaró que había conspirado para fijar los precios de los ebooks e impedir la competencia en precios. Ahora, el Tribunal Supremo de los EEUU ha decidido no admitir la apelación de aquella empresa.

Multas a centros de hemodiálisis en Perú
El Indecopi ha sancionado a 34 centros de hemodiálisis de Lima y Callao con importantes multas por colusión en los concursos públicos convocados por EsSalud, entre los años 2010 y 2012. Las empresas acordaron presentar precios con valores referenciales superiores a los pagados por EsSalud y se negaron a participar en las licitaciones convocadas cuando dichos valores no eran aceptados por éste órgano, con el fin de obligar a plantear nuevas licitaciones que respetasen los precios mínimos acordados.

Archivo por falta de aptitud restrictiva
La CNMC ha archivado las actuaciones contra dos asociaciones taurinas por una supuesta recomendación colectiva. La autoridad ha analizado el envío de una carta por parte de ambas asociaciones a la empresa gestora de Las Ventas, en la que se recomendaba la exclusión del denunciante por no pertenecer a ningún encaste minoritario de la raza de lidia. La Sala de Competencia de la CNMC no considera probada la existencia de una recomendación colectiva ilegal, es decir, no cree que el envío de la citada carta suponga una infracción del artículo 1 de la LDC, apartándose así de la propuesta del Servicio de Defensa de la Competencia de Madrid, que consideró probada la existencia de una recomendación con aptitud para restringir la competencia pero proponía su calificación como una conducta de menor importancia.